Una denuncia penal presentada por el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro apunta a una mujer acusada de ejercer la medicina con documentación presuntamente apócrifa. Según la cartera provincial y la cobertura periodística, la investigación administrativa determinó que la sospechosa obtuvo su matrícula en agosto de 2020 y habría trabajado en el sistema público y en la Clínica Roca durante cinco años y medio; la causa recayó en la Fiscalía N°4.
¿Qué pasó?
El hecho se conoció luego de que la Clínica Roca consultara al Ministerio de Salud por dudas sobre la formación de una profesional que había solicitado acceder a la especialidad en terapia intensiva. Fuentes oficiales indicaron que la mujer presentó un título de “Médico Cirujano” supuestamente otorgado por la Universidad de los Andes (ULA) de Mérida, Venezuela, y una convalidación atribuida a la Universidad Nacional del Comahue (UNComa). Natalia García, secretaria de Asuntos Legales del ministerio, declaró que la UNComa informó que no había realizado la convalidación ni registraba egresos de esa persona. Según las actas de la pesquisa, la documentación incluía además una certificación de un escribano público local; por ese conjunto documental se habilitó la matriculación en agosto de 2020 y, tras las inconsistencias, la matrícula provincial fue suspendida de forma preventiva.
¿Cómo pudo pasar esto durante la pandemia?
La investigación administrativa y las declaraciones oficiales sitúan el origen del trámite en agosto de 2020, en pleno contexto de pandemia, cuando el sistema de verificación documental operaba con limitaciones. Según la secretaria García, el contexto facilitó el presunto engaño: “era un momento de caos” y varias universidades estaban cerradas, lo que dificultó controles presenciales. La cartera puntualizó que la UNComa respondió el mismo día cuando se solicitó la verificación, lo que evidencia que los canales hoy son más ágiles que en 2020. En términos procesales, la certificación notarial que acompañó los papeles contribuyó a que la presentación no despertara sospechas inmediatas. El caso pone en evidencia una tensión entre la necesidad urgente de recursos humanos durante la crisis sanitaria y la vulnerabilidad de los procesos de validación documental en situaciones extraordinarias.
¿Qué investiga la fiscalía y qué puede pasar?
La denuncia presentada por el Ministerio de Salud fue remitida a la Fiscalía N°4 de General Roca, donde se trabaja sobre dos ejes: el ejercicio presuntamente ilegal de la medicina y la falsificación de documentos públicos, según las fuentes oficiales. En esta etapa la investigación reúne documentación, comunicaciones con universidades y declaraciones de las instituciones donde la mujer prestó servicios, entre ellas la Clínica Roca. Procedimentalmente, los pasos habituales incluyen la imputación formal si la fiscalía encuentra mérito, medidas cautelares adicionales y el secuestro de documentación. La suspensión preventiva de la matrícula ya dictada por la autoridad sanitaria es una medida administrativa inmediata; el resultado penal dependerá del avance probatorio y de si se acredita la autoría y la intencionalidad en la falsificación.
Conclusión: lo que sigue y las implicancias
El caso tiene consecuencias concretas para pacientes, instituciones y para la credibilidad del sistema de fiscalización. Hasta ahora hay tres datos verificados por la administración provincial y la cobertura periodística: la matriculación en agosto de 2020, el período de ejercicio estimado en cinco años y medio y la remisión de la denuncia a la Fiscalía N°4. Más allá de la sospecha penal, el expediente administrativo y la actuación fiscal determinarán responsabilidades y eventuales compensaciones a terceros. Desde el punto de vista institucional, la lección es operativa: mejorar los canales de verificación interuniversitaria y la trazabilidad de escrituras públicas para reducir el margen de error en futuras situaciones de emergencia. Mientras la causa avanza, preservamos la presunción de inocencia y priorizamos la protección de las partes y de las víctimas potenciales.
