Se trata del hallazgo de ampollas de propofol y fentanilo junto al cuerpo del enfermero Eduardo Bentacourt, de 44 años, y de una investigación por presunto desvío de anestésicos en el Hospital Italiano que ya había sido señalada tras la muerte del anestesista Alejandro Zalazar (La Nación, 8/4/2026). Este primer dato explica por qué hablamos de trazabilidad y no solo de toxicología: estamos ante sustancias que circulan dentro de circuitos médicos cerrados y que, cuando salen de esos circuitos, dejan preguntas que la sociedad exige responder.
¿Qué pasó y quiénes están involucrados?
En el hecho central, un enfermero de 44 años fue hallado sin vida en su departamento de Palermo junto a ampollas de propofol y fentanilo (La Nación, 8/4/2026). Antes de ese caso, la muerte del anestesista Alejandro Zalazar encendió la misma alarma en el universo hospitalario. El director del Hospital Fernández, Carlos Damin, aportó contexto: dijo tener 35 años de experiencia y afirmó que no suele ver recuperación de consumidores crónicos de opioides en su práctica (La Nación, 8/4/2026). Esos nombres y edades son los hilos que tira la investigación judicial y que obligan a mirar tanto la logística interna de los hospitales como los circuitos externos por donde pueden fugar medicamentos.
¿Cómo se usan y qué riesgos tienen el fentanilo y el propofol?
El propofol es un anestésico de uso hospitalario que produce sedación rápida; Damin señaló que no suele considerarse sustancia generadora de dependencia en el sentido clásico, sino un medicamento que induce sueño por vías intravenosas (La Nación, 8/4/2026). El fentanilo, en cambio, es un opioide sintético mucho más potente que la morfina y cuya sobredosis ocurre con facilidad si no se dosifica correctamente. Para poner dimensión internacional: según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), en 2021 se registraron alrededor de 100.000 muertes por sobredosis en ese país, con una proporción creciente atribuible a fentanilo (CDC, 2021). En Argentina, según las declaraciones recogidas, no hay un problema social de opioides de la escala estadounidense, pero la presencia de fentanilo en circuitos no controlados sí plantea un riesgo agudo que exige prevención.
¿Cómo se controla la trazabilidad en los hospitales argentinos?
Según Damin, las instituciones cuentan con sistemas serios de trazabilidad y control del stock desde farmacias internas hasta quirófanos, y describió que, en principio, el fentanilo sale de la farmacia al quirófano y queda bajo la custodia del equipo anestésico (La Nación, 8/4/2026). Pero esa versión técnica convive con la constatación de faltantes puntuales y con el reconocimiento de que pueden ocurrir micro hurtos. Aquí la pregunta no es retórica: necesitamos ver los números. Pedimos inventarios mensuales públicos que comparen ampollas recibidas, administradas y descartadas; registros de acceso al almacén farmacéutico; y auditorías externas independientes. Sin datos verificables no podemos evaluar si los controles funcionan o si hubo fallas sistémicas.
Qué pedimos: transparencia y medidas concretas
Exigimos que la investigación judicial vaya acompañada por información pública sobre protocolos y stock: cuántas ampollas de propofol y fentanilo ingresaron al Hospital Italiano en los últimos 12 meses, cuántas fueron registradas como administradas y cuántas faltan; quién tuvo acceso y qué cámaras o controles biométricos existen. Además proponemos auditorías externas trimestrales, protección para denunciantes dentro del personal de salud y revisión de la cadena de custodia en traslados entre farmacia y quirófano. Estas medidas no son simbólicas: cuando el ciudadano ve cifras firmes y comparables se reduce la desconfianza y se permite sancionar lo que corresponda. En la ausencia de datos, la narrativa queda a merced de versiones y sospechas, y eso no alcanza para explicar por qué dos muertes terminaron junto a ampollas que deberían permanecer dentro del circuito médico.
Hay algo de lo que nadie debería olvidarse: la medicina usa estos fármacos para salvar vidas, pero la sociedad tiene derecho a saber cómo se custodian. Exigimos transparencia y números, y que las instituciones expliquen, con datos, qué salió mal y cómo lo van a corregir.
