La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios acordó un incremento total del 5% para el segundo trimestre de 2026, distribuido en 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio, y el pago de un bono extraordinario de $120.000 para todas las categorías. Según La Nación, los salarios de abril —que sirven como base para los próximos aumentos— quedaron entre $1.155.795 (Maestranza A) y $1.218.519 (Vendedor D). Este primer párrafo resume lo esencial: aumento en tres tramos más bono, y la escala salarial de referencia.
¿Cómo impacta esto en el bolsillo?
En números: 5% de aumento total y un bono de $120.000 son la combinación que el gremio presentó como herramienta para “sostener el poder adquisitivo” (según La Nación). Para tomar un ejemplo concreto, la categoría Vendedor A tiene un salario de abril de $1.171.091; el bono de $120.000 equivale a aproximadamente 10,25% de ese salario extraordinario en ese mes. Además, el acuerdo incorpora sumas fijas previas al básico y mantiene el adicional por antigüedad del 1% por año trabajado, lo que aumenta la remuneración y repercute en adicionales como horas extras y aguinaldo (según La Nación). Para el trabajador, el efecto inmediato es una mejora puntual en el ingreso disponible durante el trimestre; traducido: más margen para gastos mensuales y para amortiguar una parte de la pérdida de poder de compra. Sin embargo, la protección real depende de cuánto se mueva la inflación en los meses siguientes y de si habrá nuevas revisiones tal como lo contempla el propio acuerdo.
¿Qué significa para comercios y pymes?
Desde la lente del comerciante, el costo laboral sube por dos vías: el 5% de aumento en el salario básico y el pago del bono extraordinario. Para un establecimiento con 10 empleados promedio en categorías alrededor de $1.17 millones, el bono de $120.000 por trabajador representa un pago extraordinario cercano a $1.2 millones en un mes. El sindicato y las cámaras destacaron la voluntad de equilibrar recomposición salarial sin dañar la operatividad de las pymes. En la práctica, los comercios pequeños deberán ajustar caja y flujo: fraccionamiento del bono, uso de líneas de crédito o recorte de otros costos. También hay un efecto en la contabilidad: cuando sumas fijas se incorporan al básico, aumentan las bases de cargas sociales y del aguinaldo, lo que eleva costos recurrentes. Por eso es comprensible que las cámaras pidan previsibilidad; al mismo tiempo, la medida evita que la caída del salario real se traduzca inmediatamente en menor consumo en el corto plazo.
¿Es suficiente frente a la inflación? ¿Qué falta?
El acuerdo es una recomposición nominal y un alivio puntual, pero su éxito depende de la dinámica de precios. Si la inflación mensual promedio supera la suma de tramos (2% y dos de 1,5%), el poder adquisitivo volverá a erosionarse y el gremio deberá pedir nuevas revisiones, algo que el propio acuerdo deja abierto (según La Nación). Desde nuestra perspectiva, apoyar la recomposición de salarios es consistente con proteger la fragilidad social; pero no alcanza solo con paritarias. Hace falta una ancla macro creíble que reduzca la inflación persistente y políticas que favorezcan acumulación de reservas por flujo para dar previsibilidad cambiaria y reducir las tensiones sobre precios relativos. Traducido: los aumentos protegen el ingreso ahora, pero sin una política macro que estabilice precios y mercado cambiario, los mismos salarios perderán poder en los próximos meses. En síntesis, aplaudimos la intención de preservar ingresos y la previsibilidad para pymes, pero insistimos en que la sostenibilidad exige coordinación macroeconómica y acumulación de reservas para evitar que ajustes puntuales terminen alimentando mayor fragilidad fiscal y social.
