La Justicia de Mar del Plata analiza exigir a los padres de los alumnos responsables que paguen los gastos derivados de los operativos policiales tras una ola de amenazas en escuelas: hasta el viernes 17 de abril fueron notificadas 30 instituciones, contra siete al cierre del jueves, según informó LA NACION. El fiscal Walter Martínez Soto confirmó la identificación de un sospechoso de 17 años y dijo que evaluarán dar curso a la Fiscalía de Estado provincial invocando el artículo 1.754 del Código Civil para reclamar los costos.
¿Pueden obligar a los padres a pagar los operativos?
El artículo 1.754 del Código Civil, citado por la fiscalía en la nota de LA NACION, habilita reclamos patrimoniales contra los progenitores por los daños o costos derivados del accionar de sus hijos. Sin embargo, esa vía es civil y requiere pruebas sobre cuánto costó cada operativo —dato que la nota no detalla— y la correlación directa entre el hecho y el gasto. La fiscalía informó que piensa remitir el asunto a la Fiscalía de Estado provincial; ese organismo es el que, en la práctica, podría intentar recuperar sumas para las arcas públicas o de la fuerza. Hasta ahora la comunicación oficial habla de “gestión extra de gastos” pero no precisa partidas ni montos reclamables. En este punto la discusión técnica se centra en la prueba pericial del costo operativo y en la vía procesal: juicio civil de reparación o herramienta administrativa para reclamar montos a proveedores del Estado. Esos pasos requerirán actas, registros y facturas que la fiscalía aún debe recabar.
Qué dice la Justicia y qué implicancias penales
La investigación que LA NACION reproduce provino de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en turno. Según la nota, el fiscal Walter Martínez Soto notificó a un joven de 17 años por el delito de intimidación pública, que contempla penas de hasta seis años de prisión en el Código Penal citado por la fuente. Al tratarse de un menor, la competencia corresponde al fuero juvenil y no se aplica por ahora la baja de la edad de imputabilidad aprobada meses atrás, según indicaron fuentes judiciales a LA NACION. La fiscalía también comunicó la activación de protocolos institucionales y medidas de protección para los alumnos; además se acordó el refuerzo policial en las inmediaciones de los colegios. En paralelo, la investigación penal deberá probar autoría y vínculo entre los mensajes y cada operativo para sostener cualquier reclamo civil posterior. La combinación de una potencial sanción penal —aunque minorada por el régimen juvenil— y la eventual responsabilidad civil de los padres es jurídicamente posible, pero exige pasos probatorios formales y la verificación de las actas y registros policiales.
Consecuencias prácticas y próximos pasos
En lo operativo, las amenazas incluyeron convocatorias a ‘tiroteo’ y avisos de bomba que provocaron desalojos y controles; por ejemplo, la Escuela de Educación Técnica N°2 fue evacuada y revisada por el Departamento de Explosivos sin hallar elementos, según la cobertura local. Las denuncias se triplicaron en menos de 24 horas y se extendieron de colegios privados a públicos, lo que elevó la presión sobre las fuerzas y las comunidades educativas. La Junta Regional de Educación Católica pidió supervisión adulta de redes sociales y reforzó el llamado a programas de prevención y acompañamiento psicoeducativo. A la luz de estos hechos y de la reciente tragedia en Santa Fe que marcó el contexto, la fiscalía anunció medidas para facilitar la recepción de denuncias y la atención especializada de víctimas y testigos. Mantener cautela en la interpretación es necesario: exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial, y cualquier conclusión sobre responsabilidades patrimoniales deberá basarse en comprobantes de gastos y en la cadena de pruebas que la investigación aporte.
