Hugo Moyano, de 82 años, defendió ayer su gestión frente a la obra social de los camioneros mientras el reclamo de afiliados por recortes se vuelve público y la prensa documenta transferencias a empresas familiares. Según La Nación (8/5/2026), la prestadora acumula una deuda que rondaría los $60.000 millones y la obra social transfirió fondos a una compañía ligada a la esposa del dirigente a través del fideicomiso Dhanvantari. Moyano planteó medidas drásticas —incluida la venta de propiedades del gremio— y modificó el directorio, en lo que sus aliados dicen es una respuesta a filtraciones y presunta mala administración.

¿Qué pasó exactamente con la obra social?

Vemos tres hechos que conviene separar: la situación financiera, las transferencias y la respuesta gremial. En lo financiero, La Nación reporta una deuda cercana a $60.000 millones (La Nación, 8/5/2026). En lo operativo, la obra social recibió hasta ahora un aporte empresarial que, según la misma nota, equivale hoy a $25.000 mensuales por trabajador; lo notable es que ese aporte “empezó como un pago extraordinario y ahora es un ítem salarial adicional”, es decir, pasó de excepción a regla. En lo contractual, hay vínculos entre la obra social y empresas con domicilio compartido —Iarai SA— y un fideicomiso llamado Dhanvantari que habría recibido transferencias. Esa combinación de deuda, nuevos circuitos de pago y empresas vinculadas exige que los números y los contratos sean públicos y auditables.

¿Cómo impacta esto en los afiliados y en la prestación médica?

Los reclamos no vienen de la nada: profesionales y afiliados denunciaron recortes en prestaciones y en la entrega de medicamentos, y esas protestas son la señal más clara de un problema de fondo. Si el flujo principal de fondos ahora depende de un aporte extraordinario convertido en salario —$25.000 por trabajador, según La Nación (8/5/2026)—, la sustentabilidad financiera pasa por una negociación salarial que traslada costos a las empresas y a los trabajadores. A la vez, la posibilidad de vender inmuebles del gremio para cubrir déficit plantea un dilema: liquidar patrimonio para cubrir agujeros corrientes agrava la fragilidad institucional a mediano plazo. Frente a esto, los afiliados necesitan respuestas concretas: balances, contratos con Iarai SA y detalle de todas las transferencias al fideicomiso Dhanvantari (La Nación, 8/5/2026).

¿Qué pedimos y qué debería hacer el Estado?

No alcanza con declaraciones públicas ni con acusaciones a la prensa. Exigimos datos abiertos y una auditoría independiente sobre: 1) balances completos de la obra social de los últimos tres años; 2) detalle de transferencias a empresas y fideicomisos (fechas, montos, beneficiarios); 3) actas de directorio y contratos entre la obra social y Iarai SA; 4) criterios por los cuales la Secretaría de Trabajo autorizó el aporte extraordinario que hoy es salario. La fiscalización corresponde al Estado: la Secretaría de Trabajo y la AFIP deben poner a disposición la documentación necesaria para que profesionales y afiliados puedan verificar el uso de fondos. Si el gobierno ya autorizó un esquema de aporte, también debe explicar los controles que acompañaron esa autorización.

Cierre: lo que nadie cuenta (pero importa)

Hay algo de fondo en este episodio que trasciende nombres: el sistema de obras sociales sindicales opera con reglas opacas que, cuando se rompen, impactan directamente en prestaciones y en confianza. Que un aporte extraordinario se transforme en remuneración permanente no es un tecnicismo; es una reasignación de riesgos que debería estar documentada y discutida públicamente. Si Moyano busca preservar la obra social vendiendo activos o cambiando directorios, la sociedad y los afiliados merecen ver los números completos y comprobables. Exigimos transparencia y datos abiertos para que la discusión deje de ser un intercambio de acusaciones y pase a ser una política pública basada en evidencia.