El juez Javier Sánchez Sarmiento procesó el 10 de abril de 2026 a Hernán Boveri y a Delfina “Fini” Lanusse por el delito de administración fraudulenta en la causa que investiga la sustracción de anestésicos del Hospital Italiano; la resolución no incluyó prisión preventiva, según informó LA NACION. Ambos quedaron apartados de sus funciones y alcanzados por medidas restrictivas mientras la instrucción continúa.

¿Qué pruebas motivaron el procesamiento?

Vemos que la decisión judicial se apoyó en una combinación de medidas de prueba: allanamientos, análisis de documentación interna y declaraciones testimoniales incorporadas al expediente. Los allanamientos ordenados en marzo permitieron secuestrar ampollas y otros insumos en al menos dos domicilios particulares, según la nota que cubre la causa (LA NACION). Ese hallazgo fue central para sostener que los medicamentos no permanecieron dentro del circuito hospitalario. La imputación por administración fraudulenta se fundamenta en la presunta afectación patrimonial del hospital por la salida irregular de fármacos que, según la denuncia, sólo podían usarse intrahospitalariamente (LA NACION). Evitamos especular sobre móviles: hasta ahora no hay elementos probados sobre el destino final o el consumidor de esas sustancias.

¿En qué etapa procesal está la causa?

La causa se tramita de forma unificada bajo la órbita del juez Sánchez Sarmiento, luego de que expedientes iniciados por carriles separados fueran concentrados para ordenar la prueba y analizar la trazabilidad. La resolución de procesamiento fue dictada el 10/04/2026, aproximadamente un mes después de los allanamientos de marzo y dos meses luego del fallecimiento del anestesista Alejandro Zalazar en febrero de 2026, un dato que los investigadores consideran contexto pero que sigue en otro expediente (LA NACION). En esta etapa de instrucción los imputados afrontan restricciones procesales —por ejemplo, la prohibición de salida del país y la prohibición de contacto mutuo, según la fuente— mientras la Fiscalía evalúa nuevos peritajes y registros internos.

¿Qué figura penal se aplicó y qué consecuencias implica?

La imputación formal es por administración fraudulenta, cuya pena máxima prevista en el Código Penal es de seis años de prisión en caso de condena definitiva. Ese encuadre responde, según la investigación, a la hipótesis de una afectación al patrimonio institucional por la sustracción de medicamentos del stock del Hospital Italiano (LA NACION). La falta de prisión preventiva en el procesamiento indica que el juez consideró que no estaban configurados, por el momento, los riesgos procesales que justifican la medida cautelar de detención. Desde el punto de vista procesal, el cambio de carátula o la eventual ampliación de imputaciones dependerá de nuevos elementos que surjan de la prueba técnica y documental.

Impacto institucional y próximos pasos de la investigación

La pesquisa tiene dos ejes paralelos y complementarios: determinar la cantidad y el período del faltante, y evaluar los controles internos del servicio de anestesiología. Según las denuncias que originaron la causa, la primera alerta formal no provino de una auditoría interna sino de presentaciones vinculadas al hallazgo del cuerpo del anestesista, que motivaron la verificación del stock y los rastreos (LA NACION). La Justicia busca ahora establecer si hubo otras personas fuera de los imputados que facilitaron o conocieron la maniobra. A nivel institucional, la apertura y la transparencia de auditorías internas y la reparación del circuito de trazabilidad serán factores relevantes; en términos procesales, esperamos que la Fiscalía comunique nuevas medidas y que las pericias forenses y contables aporten cifras concretas sobre el faltante.