Federico Santillán, de 39 años, trabaja como repartidor de Rappi 11 horas por día para poder aportar al hogar; su situación se complementa con una pensión por discapacidad de 345.000 pesos y una beca deportiva de 70.000 pesos, según La Nación.
La historia detrás de los números
La foto es concreta: una handbike acoplada a una silla, un casco, la mochila de repartidor y la app prendida en el celular. Federico vive en San Fernando y, según La Nación, empezó hace mes y medio a repartir porque, aunque arregla celulares y cobra una pensión de 345.000 pesos y una beca de 70.000, junto a su madre no alcanzan para las facturas (LA NACION, 05/05/2026). Trabaja siete días a la semana, de 10 a 1, con una pausa de cuatro horas para recargar la batería; son 11 horas efectivas en la calle. El detalle que lo cambia todo es la handbike: donada tras otra nota, le permitió pasar de buscar trabajo infructuosamente a generar ingresos propios. Estos datos no son anécdota: describen la economía cotidiana de una persona con discapacidad en la Argentina actual.
¿Por qué lo descartan antes de escucharlo?
Federico cuenta que, en las entrevistas, lo descartan en minutos: “Antes de empezar, ya me habían descartado” (LA NACION). Esa experiencia remite a prejuicios laborales persistentes. No es solo una cuestión de voluntad empresarial: organizaciones civiles vienen denunciando déficits en políticas públicas para discapacidad y un colapso en los mecanismos de acompañamiento (ver denuncia en Diario Santa Fe: https://diariosantafe.com.ar/politica/organizaciones-denuncian-colapso-en-politicas-para-discapaci-2026-05-05). Federico deja CV “desde hace cuatro años” y solo una vez tuvo trabajo en blanco, que duró un año por problemas de transporte; ahí hay una comparación temporal clara entre intentos sostenidos y oportunidades formales esporádicas. Vemos que el problema es estructural: si la sociedad y las empresas deciden que una silla de ruedas es sinónimo de incapacidad, las entrevistas se convierten en filtros de prejuicio más que en evaluaciones de aptitud.
Plataformas, informalidad y una elección que no siempre es libre
El trabajo en plataformas aparece como salida rápida: flexibilidad, ingreso inmediato, posibilidad de moverse. Federico lo eligió porque no conseguía empleo formal; trabaja 11 horas diarias y depende de la carga de la batería de la handbike. Pero la flexibilidad también tiene costo: falta de horarios previsibles, ausencia de relación laboral en blanco y carencia de protecciones (seguro, aportes, licencias). En términos prácticos: el ingreso es volátil y condicionado a la demanda. No contamos con datos públicos y consolidados sobre cuántas personas con discapacidad trabajan en plataformas en Argentina; esa ausencia de estadísticas públicas complica diseñar políticas. Exigimos que las empresas y el Estado publiquen datos abiertos sobre contratación, condiciones y accesibilidad de las plataformas para poder evaluar el alcance real de esta “solución”.
Qué debería cambiar: transparencia, datos y derechos
La historia de Federico no pide caridad; pide acceso al trabajo digno y medidas públicas que lo garanticen. Proponemos tres ejes: 1) transparencia y datos abiertos: cuántas personas con discapacidad trabajan en sectores formales e informales, y en plataformas; 2) protocolos públicos y supervisados para adaptar puestos de trabajo y transporte, con evaluación y financiamiento; 3) medidas activas para combatir prejuicios en selección —capacitaciones obligatorias y controles— y mejores incentivos para la contratación en blanco. No es suficiente contar historias conmovedoras: hace falta información para saber la magnitud del problema. Si no hay cifras abiertas, no hay diagnóstico y las soluciones seguirán siendo parches personales. Vemos en Federico la urgencia de transformar la anécdota en política pública para que trabajar no sea la excepción, sino un derecho efectivamente garantizado.
