Lo que se sabe hasta ahora: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) pondrá en marcha una regla final que entra en vigor el 29 de mayo de 2026 y que introduce tarifas obligatorias para varios trámites migratorios, incluyendo una tarifa mínima de US$100 para solicitudes de asilo, una cuota anual de al menos US$100 para expedientes de asilo pendientes y un cobro mínimo de US$24 por la emisión del I-94 mediante el formulario I-102, según la regla final publicada en el Registro Federal y reportada por La Nación.

¿Qué cambia exactamente?

La norma obliga por primera vez a pagar una tarifa de presentación para el formulario I-589 (asilo) de un mínimo de US$100, y ese monto no será reembolsado aun si la solicitud se rechaza por errores administrativos o falta de documentación, según la regla final publicada en el Registro Federal y difundida por La Nación. Además, establece una “tarifa anual de asilo” de al menos US$100 por cada año calendario en que el expediente permanezca abierto; es decir, un caso que tarde tres años implicará, como mínimo, US$300 en esas tasas adicionales, según el mismo documento. La regla fija un plazo de 30 días desde la notificación para abonar el monto; el incumplimiento conllevará el rechazo automático del caso y la cancelación inmediata de cualquier permiso de trabajo asociado, según USCIS/Registro Federal.

La regulación también limita la validez de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) vinculados a Estatus de Protección Temporal (TPS) a un plazo máximo de 1 año y modifica condiciones de vigencia según la designación del país, de acuerdo con la publicación oficial. Finalmente, el trámite para emitir un I-94 vía I-102 tendrá una tarifa mínima de US$24 que, según la regla, no será objeto de exenciones por situación económica.

¿A quién afecta y cómo impacta a los argentinos?

Vemos que los principales afectados serán quienes busquen asilo en Estados Unidos y los beneficiarios del TPS; para argentinos en particular el efecto será limitado en cantidad, pero no en impacto individual. La mayoría de las migraciones argentinas a EE.UU. ocurren por vías distintas al asilo (visas de trabajo, reagrupamiento familiar y residencia), por lo que el cambio golpea sobre todo a quienes inician procesos por razones humanitarias o que ya tienen casos pendientes. Para esas personas, la combinación de una tarifa inicial de US$100 y cobros anuales puede significar un costo acumulado que crece con la duración del trámite; por ejemplo, un expediente abierto 5 años implicaría al menos US$500 en estos cargos, según la regla final citada por La Nación.

Además, la no devolución de pagos aun en caso de rechazo aumenta el riesgo económico de presentar recursos sin asistencia legal. Dada la obligatoriedad del pago en 30 días, las comunidades migrantes y organizaciones de apoyo en Estados Unidos deberán ajustar su asesoramiento y asistencia financiera. En Argentina, Cancillería no ha publicado aún directrices específicas sobre esta medida; recomendamos a quienes tengan familiares en trámite verificar comunicaciones oficiales del USCIS y, en lo posible, contar con asesoramiento legal antes de iniciar solicitudes.

¿Qué implica para el sistema migratorio y la política pública?

La medida refleja un traslado explícito de costos administrativos hacia quienes usan el sistema migratorio, según el DHS y el USCIS en la regla final. En la práctica, esto puede tener tres efectos: reducir presentaciones frívolas por barrera económica, aumentar la presión sobre solicitantes legítimos que no pueden pagar, y generar más rechazos administrativos automáticos que, a su vez, podrían incrementar litigios ante tribunales de inmigración. La norma también automatiza la comunicación electrónica de montos, métodos de pago y vencimientos, lo que busca eficiencia operativa pero exige acceso digital por parte de los solicitantes, según la publicación oficial.

Desde la perspectiva política, la medida llega en un contexto de tensión sobre fronteras y gestión migratoria en EE.UU., y supone un ajuste costoso para ONGs y defensores que asisten a solicitantes. Nosotros adoptamos una postura prudente: informamos los puntos confirmados por La Nación y la regla final del Registro Federal/USCIS, sin especular sobre intenciones políticas ni efectos electoralistas. Para quienes tienen familiares en trámite, lo esencial es chequear notificaciones oficiales del USCIS antes del 29/05/2026 y preparar recursos de apoyo en caso de notificación de pago.

Sofía Santamarina