Tras la revelación de nuevos chats, diputados pidieron reactivar la comisión denominada $LIBRA y apartar al fiscal a cargo, según una nota publicada por Clarín el 16/3/2026 (Clarín.com). Esta es la información central: la solicitud formal llegó a la Cámara luego de que se difundieran conversaciones que, según los medios, muestran coordinación entre actores vinculados al expediente. Mantener la precisión exige que esas conversaciones y cualquier documento complementario se publiquen y se verifiquen ante la opinión pública antes de sacar conclusiones sobre alcance y efectos.
¿Qué se divulgó y qué piden los diputados?
La denuncia pública surge, según Clarín (16/3/2026), de la aparición de nuevos mensajes atribuidos al expediente $LIBRA, lo que motivó el pedido para reactivar la comisión investigadora y para solicitar el apartamiento del fiscal involucrado. El reclamo fue presentado en la Cámara de Diputados, que tiene 257 integrantes en total (Cámara de Diputados de la Nación), dato relevante cuando se evalúa la capacidad de los bloques para forjar mayorías o acuerdos. En antecedentes recientes, el propio expediente $LIBRA ya había sido mencionado en coberturas anteriores; por ejemplo, un informe de este medio documentó comunicaciones entre actores del caso (ver: Mensajes del expediente $LIBRA muestran coordinación entre Pettovello y el entorno de Novelli). Antes de avanzar a definiciones políticas o judiciales, resulta imprescindible que las pruebas que se citan sean aportadas formalmente y que su autenticidad sea comprobada por peritajes o por las autoridades competentes.
¿Cómo se reactivaría la comisión y qué peso político tiene?
La reactivación de una comisión en Diputados depende de decisiones internas de la Cámara y del acuerdo entre bloques; el despacho de Presidencia y las negociaciones parlamentarias suelen definir el cronograma y el temario. Con 257 diputados en la Cámara, la composición de los bloques y la presencia en sesión determinan si una iniciativa de carácter investigativo avanza con rapidez o queda empantanada en acuerdos parciales (Cámara de Diputados de la Nación). El peso político de volver a abrir $LIBRA no es solo simbólico: puede condicionar agendas, forzar citaciones públicas y generar pedidos de informes a organismos estatales. Sin embargo, la mera proliferación de mensajes en prensa no sustituye la prueba judicial ni la documentación oficial; por eso la política parlamentaria suele acompañar los pasos procesales con solicitudes formales de acceso a expedientes y, en su caso, medidas probatorias complementarias.
Qué falta verificar y qué puede pasar después
Mantenemos cautela. Según el historial editorial aportado, esta línea editorial reafirmó la misma postura en cinco registros recientes (fechas 16–17/3/2026), por lo que la exigencia de documentación y verificación es coherente con posiciones previas. Antes de que la opinión pública o los actores políticos formulen conclusiones definitivas, es necesario que se publiquen las actas originales, los listados de interlocutores y los comunicados oficiales que respalden la existencia, la cadena de custodia y la autenticidad de esos chats. Si se acreditan irregularidades probadas por peritajes y actuaciones judiciales, las consecuencias pueden ir desde sanciones administrativas hasta procesos penales o remociones políticas; si no, la reapertura de la comisión puede quedar reducida a un gesto político sin efectos probatorios. En ese escenario, nuestro pedido es claro: que las pruebas se presenten y se sometan a verificación pública, y que las decisiones parlamentarias se documenten y se fundamenten en registros oficiales antes de avanzar hacia medidas de peso.
