El Gobierno dio un nuevo paso para transferir competencias de la justicia laboral al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según publicó Crónica el 10/2/2026. El avance, tal como lo reporta ese medio, consiste en una acción administrativa del Ejecutivo; hasta el momento no está disponible el texto final ni la reglamentación que explicite alcance y procedimientos.

Qué se conoce hasta ahora

Según Crónica, la iniciativa busca desplazar parte de la estructura procesal laboral al fuero porteño. Fuentes del oficialismo consultadas por este medio sostenían que el objetivo es “modernizar y agilizar” la resolución de conflictos laborales, aunque no aportaron el texto definitivo ni plazos de implementación. Voces de la oposición cuestionaron el procedimiento y advirtieron sobre riesgos de centralización y pérdida de acceso para trabajadores del interior.

La información pública disponible es parcial: no se difundieron artículos concretos del proyecto, criterios de traslado de causas, ni inventarios de juzgados, personal o expedientes afectados. Tampoco hay datos oficiales sobre el costo fiscal estimado de la operación ni sobre el impacto previsto en empleo formal o informal.

La transferencia de competencias entre niveles de jurisdicción en materia judicial suele exigir múltiples pasos formales: acuerdos entre jurisdicciones, modificaciones administrativas y previsiblemente ajustes presupuestarios. En Argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con 3,1 millones de habitantes según el censo nacional de 2022 (INDEC), mientras que el país alcanza 46,1 millones de habitantes (INDEC, censo 2022). Esa diferencia demográfica explica, en parte, las preocupaciones sobre concentración de trámites y sobre la capacidad de la Ciudad para absorber casos de otras provincias.

Desde el punto de vista laboral, la informalidad es un indicador relevante ante cualquier cambio que modifique el acceso a la justicia. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa de empleo informal en Argentina fue 36,2% en 2023, frente a 34,8% en 2022 (OIT, 2023). Estos montos obligan a requerir estimaciones del impacto potencial: un traslado mal calibrado podría significar mayores costos indirectos para trabajadores que hoy acceden a juzgados locales.

Posiciones y reclamos

El oficialismo, según fuentes del Ejecutivo, argumenta que la medida reducirá demoras y permitirá uniformar criterios procesales. Esas fuentes subrayaron la intención de “mejorar tiempos de resolución”, sin dar aún cifras ni plazos concretos. La oposición replicó que la transferencia podría encarecer el acceso para los litigantes del interior y favorecer la concentración de recursos en la Capital Federal. Sindicatos y asociaciones de abogados laborales pidieron acceso al texto y evaluaciones de impacto antes de cualquier implementación.

Organismos especializados y académicos consultados (fuentes sectoriales) coincidieron en un punto central: la distribución de competencias debe acompañarse de estudios sobre costo fiscal, logística y política de recursos humanos judiciales. Sin esos estudios, la modificación puede generar efectos no deseados sobre tiempos de resolución y sobre la distribución de causas, especialmente en rubros con alto grado de informalidad.

Consecuencias potenciales y preguntas abiertas

Entre las consecuencias que se deben evaluar están: 1) el impacto en el acceso a la justicia de trabajadores fuera de la Ciudad; 2) el costo fiscal de trasladar juzgados, personal y expedientes; 3) el efecto sobre la carga de trabajo y los tiempos de resolución; y 4) la posibilidad de que cambios procesales afecten incentivos para la formalización laboral.

A falta del texto final y de la reglamentación, persisten preguntas operativas: ¿qué causas se transferirán exactamente? ¿Se reasignará personal judicial o se crearán nuevos juzgados en la Ciudad? ¿Qué mecanismo de coordinación se prevé con las provincias y con la Justicia nacional? ¿Cuál será el costo inicial y el costo recurrente para el Estado? Estas preguntas requieren respuestas documentadas antes de avanzar.

Qué sigue y qué pedimos

El próximo paso formal debería ser la publicación del texto completo y de su reglamentación, acompañada de un estudio de impacto que cuantifique efectos sobre empleo, informalidad y gasto público. La postura editorial mantiene cautela: informamos el avance reportado y exigimos datos oficiales verificables para evaluar sus consecuencias. Hasta entonces, no es posible medir si la iniciativa mejorará la eficiencia del sistema o si profundizará desigualdades en el acceso a la justicia laboral.

Osvaldo Santini