La licitación de la Hidrovía propone adjudicar una concesión de 25 años más cinco para dragado, balizamiento y obras que el gobierno estima requerirán US$10.000 millones en bienes de capital y gastos operativos durante la vigencia del contrato, según reportó La Nación. El pliego obliga al futuro operador a invertir US$425 millones en los primeros seis años y a absorber una deuda residual de US$35 millones vinculada a la reestatización, también de acuerdo a La Nación. Este es el dato central: se licita una infraestructura estratégica cuyo costo y riesgo financiero serán transferidos en parte al sector privado.

¿Qué propone la licitación y cuánto implica?

La documentación —según la nota de La Nación— divide las ofertas en tres sobres: antecedentes legales y técnicos (sobre uno), plan de trabajo (sobre dos) y propuesta económica (sobre tres). El pliego exige inversiones iniciales por US$425 millones en seis años y plantea un esquema de bandas tarifarias con recuperos calculados del 12% para la tarifa máxima y del 6% para la mínima, según el gobierno citado por el medio. El contrato, de 25-30 años, incorpora cláusulas de revisión de tarifas cada cinco años y anticipa un aumento del tráfico como mecanismo para reducir tarifas reales si se cumple el pronóstico. La licitación incorpora además garantías sobre equipos propios por el carácter oligopólico del mercado de dragas, una razón citada por la Agencia Nacional de Puertos para requerir capacidad instalada propia.

¿Quiénes compiten y qué riesgos técnicos y de competencia existen?

De los oferentes iniciales quedarían dos: Jan De Nul y DEME, ambas belgas, informa La Nación. Jan De Nul opera la Hidrovía desde hace 30 años, y su experiencia es un punto central del debate sobre posibles requisitos “que favorecen” a ciertos jugadores. El pliego permite que el plan de trabajo pese el 80%-90% de la decisión final, lo que vuelve relevante la propuesta técnica sobre la mera trayectoria histórica. El gobierno sostuvo además que la Unctad revisó y recomendó el pliego; la agencia justificó excluir a una empresa estatal china por razones de soberanía del control sobre infraestructura estratégica. Entre los riesgos figura la concentración de oferta en un oligopolio internacional de dragas, la posibilidad de ofertas temerarias por debajo del costo (por eso se fijó una tarifa mínima) y la litigiosidad que suelen acompañar contratos de este tipo.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino y en los costos logísticos?

La Hidrovía determina la tarifa por tonelada de registro neto que pagan los buques; La Nación reporta que por la vía transitan en promedio 4.500 buques por año. El pliego busca profundizar canales para que los buques salgan con cargas superiores —el medio cita que hoy muchas naves salen con alrededor del 70% de su capacidad—, lo que, en teoría, reduce costos por tonelada. El retorno proyectado depende de la tarifa y del tráfico; el gobierno estimó inversiones totales de US$10.000 millones en 25-30 años. En términos comparativos, la privatización de la operatoria en 1995 —hace 31 años— marcó el inicio de un modelo distinto de costos logísticos; la reestatización durante el gobierno de Alberto Fernández dejó una deuda de US$80 millones originaria, de la cual restan US$35 millones, según el pliego citado por La Nación.

¿Qué falta verificar y qué sigue en el proceso?

El proceso administrativo sigue abierto: el sobre uno está en evaluación y la intención oficial es anunciar un ganador entre mayo y junio, según la fuente. Hay cuestionamientos públicos sobre posibles puntos favorables a ciertos oferentes y denuncias cruzadas habituales en mercados concentrados; la Agencia sostiene que excluirá empresas con constancias de prácticas corruptas, apoyándose en sentencias y evidencias concretas, según la entrevista. Desde nuestra posición editorial mantenemos cautela: exigimos la publicación y verificación documental de actas, pliegos completos, facturas y escrituras vinculadas a la operatoria anterior antes de aceptar afirmaciones sobre responsabilidades o direccionamiento. La transparencia documental no es retórica: es requisito para evaluar si el diseño contractual protege la competencia y el interés público.

En suma: la licitación tiene números y plazos concretos, actores identificables y riesgos conocidos; corresponde evaluarlos con la documentación en mano y con las cláusulas de control previstas en el pliego y por organismos independientes.