Doce vacunos ya murieron y otros 186 están en estado crítico en el predio de la Sociedad Rural de La Cruz, Corrientes. Los animales llevan más de un mes sin alimento adecuado mientras la Justicia define su situación legal tras un operativo contra una banda de abigeato. La fiscalía autorizó el traslado pero no especificó el destino, dejando a los animales en un limbo administrativo que les está costando la vida.

La historia arranca a principios de enero, cuando se interceptó un camión con 20 animales y documentación irregular. Eso derivó en seis allanamientos que permitieron recuperar unas 250 cabezas de ganado. De esas, 65 fueron devueltas a sus propietarios. Las otras 198 quedaron en la Rural porque no pudieron ser identificadas: algunas sin marca, otras con marcas superpuestas ilegibles, otras directamente “orejanas” — sin ningún tipo de identificación.

¿Por qué no pueden mover los animales?

La Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC) gestionó en enero el traslado al campo del INTA en Santo Tomé, un predio recuperado del narcotráfico donde los animales podrían alimentarse. Según Carlos Roldán, presidente de la ASRC, pasaron todos los datos y el fiscal Facundo Sotelo autorizó el traslado, pero sin especificar destino. “Si hacemos algo indebido, estaríamos incumpliendo la ley”, explica Roldán a LA NACION.

La Rural asumió el costo inicial: más de $4 millones en fletes y alrededor de $2 millones en alimentación durante la primera semana. Pero no puede seguir haciéndolo. “La Sociedad Rural no tiene espacio ni capacidad económica para dar de comer a la hacienda eternamente. Ni el Ministerio de Justicia ni el Ministerio Público se hicieron cargo”, afirma el dirigente.

Además, la presencia de estos animales bloquea la actividad de la entidad. Según Roldán, el Senasa no autoriza el ingreso de animales a un remate cuando hay otros dentro del predio, lo que impide los remates mensuales de los que vive la Rural. “Es un apriete económico”, resume.

Lo que está en juego (además de 198 vidas)

La situación evidencia un problema más amplio: qué pasa con los animales cuando quedan en medio de una investigación judicial. En este caso, un fiscal constató recientemente el estado crítico de los vacunos y las muertes registradas, pero la autorización de traslado sigue sin concretarse.

Lo que hay que saber: cuando se secuestra hacienda en una causa penal, los animales necesitan comer todos los días. No pueden esperar meses a que se resuelva una investigación. En este caso, ya pasó más de un mes desde los allanamientos. Los animales que llegaron en condiciones comerciales ahora están flacos, algunos muriendo, y su valor se desplomó.

Roldán plantea que los animales se podrían haber rematado cuando aún estaban en condiciones, y con esa plata “dotar de implementos a la Policía Rural, a alguna escuela, a los caminos rurales, a la electrificación rural”. Ahora, el deterioro redujo significativamente su precio y varios ya murieron.

La zona de La Cruz, sobre el río Uruguay, es históricamente afectada por el abigeato. Según reportes oficiales, unos 45 productores fueron víctimas de robo de hacienda en localidades como La Cruz, Santo Tomé, Alvear, San Roque, Saladas y Bonpland. La cercanía con Brasil aumenta los casos.

La pregunta de fondo

Observamos que esta situación expone una falla en el sistema: cuando la Justicia secuestra animales, necesita tener un protocolo claro para su cuidado inmediato. No es lo mismo secuestrar un auto que secuestrar vacas. Los autos pueden esperar en un depósito. Las vacas no.

La ASRC hizo la gestión con el INTA, identificó un campo disponible, informó a la fiscalía. Ahora espera que se libre la orden para que los animales puedan seguir viviendo. Mientras tanto, se van muriendo. Y cada animal que muere es una vida perdida y también un recurso económico desperdiciado.

La creación de una fiscalía rural en Paso de los Libres con competencia sobre La Cruz es un paso, pero no resuelve este caso concreto. Para eso tiene que intervenir el fiscal que inició la investigación o, eventualmente, el fiscal general César Sotelo.

Antes de que esto termine siendo una historia sobre 198 vacunos muertos por trámites, alguien tiene que firmar el papel que autorice el traslado al INTA. Y tiene que hacerlo ya.