El contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo se declaró inocente en el juicio oral que se tramita en Río Gallegos por el hundimiento del submarino ARA San Juan en 2017, y sostuvo que ordenar el cierre del operativo SAR fue “la decisión más difícil” de su vida, según la crónica de LA NACION del 8 de marzo de 2026. López Mazzeo explicó que su indagatoria se extendió cerca de seis horas y afirmó que no existe un peritaje que establezca el nexo causal entre las novedades comunicadas durante la travesía y la pérdida del buque. El hundimiento de 2017 produjo la muerte de 44 tripulantes, dato registrado en el requerimiento de elevación a juicio, y hoy el debate judicial busca determinar responsabilidades penales por hechos ocurridos hace nueve años.
¿Qué sostuvo López Mazzeo en su declaración?
Según el relato consignado por LA NACION, el imputado reconstruyó con fechas y contactos las horas previas y posteriores al incidente. Dijo que inspeccionó unidades, gestionó repuestos y mantuvo comunicación con el comandante del ARA San Juan, capitán Pedro Martín Fernández. Relató que el 15 de noviembre de 2017 recibió el aviso de un principio de incendio y que, tras confirmaciones, ordenó cancelar la patrulla y dirigir el submarino a Mar del Plata. Afirmó también que el submarino salió a superficie luego del incidente inicial y que, al día siguiente, al constatarse la falta de comunicaciones, se declaró la alerta y se puso en marcha el operativo de búsqueda. López Mazzeo mencionó que solicitó apoyo internacional y que llegó a pedir un avión especializado que operaba desde Ushuaia, según su relato ante el tribunal.
¿En qué se funda la acusación fiscal?
La acusación que elevó el Ministerio Público Fiscal señala que el ARA San Juan excedía en 26 meses el intervalo reglamentario entre puestas en seco para mantenimiento, y que presentaba equipos fuera de servicio o degradados que comprometían su seguridad, según el requerimiento de elevación a juicio. Los imputados —entre ellos López Mazzeo, Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa— llegan al debate por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por resultado de muerte, según la acusación fiscal. El tribunal está integrado por cuatro jueces y las fiscalías intervinientes incluyeron a la Unidad Fiscal Río Gallegos y sedes descentralizadas, según las actuaciones citadas en la audiencia inicial.
¿Qué falta por comprobar y qué sigue en el proceso?
Las audiencias continuarán el lunes 23 de marzo, cuando declaren los primeros cinco testigos de una lista que, según la nota, llega al centenar. En su declaración López Mazzeo cuestionó la ausencia de una pericia concluyente que permita establecer el cómo y el por qué de la pérdida del submarino; la fiscalía, en cambio, apoya su teoría en los informes técnicos y en las discrepancias sobre los intervalos de mantenimiento. Mantenemos cautela editorial: exigimos la publicación y verificación documental de peritajes, actas, resoluciones y demás registros administrativos antes de sacar conclusiones sobre la existencia de responsabilidad penal. Hasta que no se cuente con peritajes científicos y con acceso completo a las actas de la Armada y a las circulares internas, cualquier conclusión sobre causalidad y grado de responsabilidad será prematura.
El juicio, iniciado con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, alternará pruebas testimoniales y periciales. Para que el proceso cumpla la función de aclarar los hechos es necesario que se acrediten los elementos técnicos que hoy, según las partes, permanecen sin resolución, y que los jueces evalúen esa prueba en audiencia pública, conforme a las normas del procedimiento penal federal.
