Un allanamiento en Puerto Gaboto arrojó un hallazgo concreto: 18 pistolas, 40.000 dólares, 2.000.000 de pesos, un chaleco antibalas y 12 teléfonos, según informó La Nación el 11 de marzo de 2026. La investigación, a cargo de la fiscal Paula Barros de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, imputó a Claudio L. y detuvo a su pareja, Evelin Mariel A. Los fiscales vinculan el acopio con una red que opera en el Gran Rosario y que, según la pesquisa, está dirigida desde la cárcel por Jésica “la Fea” González.

¿Qué se halló y qué implica procesalmente?

El repertorio de evidencias consolida dos líneas procesales claras: incautaciones puntuales y causas que documentan el puente entre legalidad y mercado negro. En Puerto Gaboto la suma de bienes (18 pistolas; 40.000 dólares; 2.000.000 de pesos) alimenta una imputación por asociación ilícita, según la nota de La Nación. Cuatro días antes, el Equipo de Abordaje Estratégico de Armas del MPA detectó que una pistola secuestrada en un robo estaba registrada en el Renar a nombre de A. T.; el arma había sido usada en un hecho de lesiones graves en junio de 2025, según el SAIB y el expediente fiscal.

Procesalmente, las causas combinan peritajes balísticos (SAIB), cruces registrales (Heimdall y Renar) y medidas de prueba económicas. En el caso de A. T. la fiscal Juliana González detalló que entre 2023 y 2025 compró diez armas con más de 7 millones de pesos cuyo origen no pudo justificar. Esos números fijan hipótesis de delito económico y de tráfico de armas para la instrucción.

Los fiscales describen un patrón repetido: titulares habilitados por el Renar usan su condición para adquirir armamento que luego se desvía. El material de archivo judicial incluye ventas de armerías con documentación a nombre de prestanombres y operativos en los que se secuestraron credenciales de legítimo usuario. En Santa Fe, 17 allanamientos federales incautaron pistolas, escopetas y tarjetas de tenencia; en Cañada de Gómez un detenido admitió haber comprado y desviado 21 armas.

A esto se suma el mercado de municiones recargadas: La Nación consignó que en Rosario se secuestran un promedio de 1.646 proyectiles por mes, equivalente al 56,8% del total provincial. La producción doméstica es factible: una máquina Dillon X650 puede fabricar unas 800 balas por hora, y la diferencia de precio es notable (caja de 50 municiones calibre 9 cuesta ~15.000 pesos en armería, recargadas entre 3.500 y 5.000 pesos, según el reportaje). Esos incentivos económicos explican por qué circula tanta munición fuera de control administrativo.

¿Qué impacto territorial tiene este arsenal en Rosario?

Los hallazgos recientes muestran una dispersión territorial amplia: en un baldío de Roldán se encontraron enterrados fusiles y pistolas —dos AR-15 calibre 5,56, réplica de AK-47, seis pistolas de marcas comerciales y cerca de 800 balas—, atribuidos por los investigadores a eslabones de la banda conocida como Los Menores. En operaciones previas se secuestraron AR-15 y M4 vinculados a otros clanes; en julio de 2024 se hallaron dos Colt automáticas junto a 464 kilos de cocaína de una banda mayorista.

El dato operativo es claro: 1.646 proyectiles mensuales solo en Rosario representan una densidad de 23 proyectiles por km², cifra que los investigadores indican que cuadruplica la de la capital provincial. Esa concentración territorial incrementa la letalidad potencial en conflictos barriales y dificulta la trazabilidad de delitos armados. El escenario también muestra desplazamientos de hegemonía entre grupos (Los Menores vs. Los Monos), con arsenales de mayor calibre y armamento de origen militar.

Qué limitaciones procesales y qué medidas operativas resultan necesarias

La investigación judicial suma evidencias, pero topa con obstáculos: expedientes que permanecieron años paralizados y dificultades en la trazabilidad. La causa por el Batallón de Arsenales 603 —que la Sala B de la Cámara Federal de Rosario vinculó al faltante de 43 fusiles FAL y 2.500 piezas— estuvo desactivada por 14 años hasta su reactivación por el fiscal Javier Arzubi Calvo. Con esas 2.500 piezas, según peritajes, se podrían haber ensamblado hasta 400 fusiles completos.

Desde la perspectiva procesal, lo inmediato es optimizar cruces registrales (Heimdall, Renar), fortalecer pericia balística (SAIB) y controlar armerías y registros de legitimados. También es imprescindible preservar la investigación: no publicar datos que perjudiquen medidas judiciales ni especular sobre móviles sin prueba. Mantenemos la postura editorial de priorizar precisión procesal y protección de las partes: informamos hechos verificados y evitamos conjeturas sobre culpabilidades o móviles sin soporte probatorio.