El Congreso aprobó un aumento salarial del 12,5% para los senadores, que deja el sueldo bruto en $11,5 millones, según LA NACION (12/3/2026). La medida reavivó la discusión pública sobre la remuneración de legisladores y del personal del Senado, y dividió a los propios bloques.

¿Por qué genera rechazo el aumento?

El aumento del 12,5% figura como dato central: LA NACION consignó que el nuevo bruto será de $11,5 millones (nota del 12/3/2026). Esa proporción implica que, antes del ajuste, el sueldo bruto rondaba los $10,22 millones (11,5/1,125), un cálculo aritmético a partir de la cifra publicada. La discusión dividió lecturas: para críticos, el ajuste llega en un contexto de sensibilidad salarial pública; para partidarios, parte de la justificación es la pérdida de poder adquisitivo acumulada en años previos. Desde el bloque de la UCR, según la misma crónica, rechazaron la suba por considerarla injusta. Como dato de escala interna, la nota añade que algunos senadores sostienen estructuras de asesores que, por cantidad, pueden encarecer la planilla.

¿Qué dijo Carolina Losada y qué replicaron otros senadores?

En diálogo con LN+, la senadora por Santa Fe, Carolina Losada, dijo que ella y su bloque rechazaron el aumento y afirmó que “nunca cobramos eso” en referencia a los montos de $10 y $11 millones mencionados en la cobertura (LA NACION, 12/3/2026). Losada precisó que percibe $8 millones y ofreció mostrar su recibo de sueldo, además de señalar que paga el impuesto a las Ganancias, según la misma fuente. Sobre el personal, sostuvo que “ningún funcionario del escalafón más bajo llega a los $2,5 millones” (LA NACION). La nota también registra que los senadores Juan Manuel Urtubey y Patricia Bullrich, entre otros, expresaron posiciones críticas; los senadores Juez y Bullrich se pronunciaron públicamente en contra del aumento, siempre según LA NACION.

¿Qué dicen los números sobre asesores y brechas internas?

LA NACION consignó que “algunos senadores tienen hasta 20 asesores”, un dato que ayuda a dimensionar la estructura de gastos en la Cámara alta (LA NACION, 12/3/2026). Comparando el sueldo que dice percibir Losada ($8 millones) con el bruto aprobado ($11,5 millones), la diferencia es aproximada al 43,8% en términos nominales, un cálculo derivado de las cifras publicadas. Además, la afirmación sobre salarios de planta —según LA NACION, que ningún funcionario de menor rango llega a $2,5 millones— pone en evidencia una brecha interna entre dietas parlamentarias y remuneraciones del escalafón técnico-administrativo. Esos números, combinados, explican por qué el debate no es solo ideológico: hay impacto presupuestario y efectos en la dinámica de contratación y retención de personal.

¿Qué sigue y qué exige este medio?

La votación y las declaraciones públicas abren dos frentes: político y de transparencia. Políticamente, la división interna —con la UCR y otros senadores en contra— puede traducirse en pedidos de reconsideración o en repercusiones simbólicas para quienes apoyaron la suba. En términos de información pública, mantenemos la postura de cautela: exigimos la publicación y verificación documental de actas, listados de asesores y recibos de haberes antes de sacar conclusiones sobre alcance y efectos. Pedimos acceso a los listados de contrataciones y a las planillas salariales referidas al Senado para comprobar quiénes y cuánto cobran realmente. Sin esos documentos, las afirmaciones públicas quedan sujetas a verificación. Resta definir si la Cámara hará públicos esos registros y en qué plazo; hasta entonces, la cobertura debe ceñirse a los hechos verificables y a los documentos que se aporten.