La diputada Fernanda Ávila defendió la reforma de la ley de glaciares que el oficialismo tiene previsto llevar al recinto de la Cámara de Diputados este miércoles, y sostuvo que permitirá distinguir mediante estudios provinciales qué geoformas periglaciales contienen agua y cuáles no. En diálogo con LA NACION (5/4/2026) Ávila citó al Ianigla y mencionó un inventario satelital de aproximadamente 17.000 cuerpos de hielo.

¿Qué propone la reforma y cómo se justifica?

La reforma, según la voz oficial que la promueve, traslada a las provincias la responsabilidad técnica para avanzar más allá del relevamiento satelital. Ávila describió un esquema en tres fases: 1) mapeo satelital (fase ya realizada, que el Ianigla habría publicado); 2) seguimiento complementario; 3) monitoreo en campo con estudios costosos y de largo plazo. La diputada sostuvo que la ley vigente de 2010 dejó “imprecisiones” en la definición del ambiente periglacial y que esa falta de claridad generó judicialización. En la entrevista se mencionó que el último año las exportaciones mineras alcanzaron 6.000 millones de dólares y que el sector cree poder llegar en el futuro a exportaciones por 20.000 millones de dólares, cifras aportadas por Ávila en LA NACION (5/4/2026). Estos números son citados por la entrevistada como argumento económico para destrabar proyectos y atraer inversiones.

¿Qué dicen los críticos y qué riesgos señalan?

Los opositores y ONG ambientalistas sostienen que el área glaciar y periglacial actúan como un sistema hidrográfico integrado y que cualquier relajación normativa podría poner en riesgo la provisión y la recarga de cuencas. En la cobertura de LA NACION se registran esas advertencias y la mención de provincias preocupadas, como La Pampa. Ávila replicó que el inventario satelital no sustituye el estudio en terreno y que, si una geoforma resulta contener agua, se la protegerá “de inmediato”. El intercambio resalta un punto técnico: mientras el Ianigla y la propia diputada hablan de geoformas identificadas por satélite, los científicos que advierten riesgos piden protocolos claros, independencia de los estudios de impacto y garantías sobre quién financia y ejecuta las fases 2 y 3. Ávila además atribuyó a la minería cifras de empleo: “unos 35.000 puestos de trabajo directos y 100.000 indirectos”, dato que citó en la entrevista como potencial efecto social de mayor desarrollo minero.

¿Qué falta para evaluar el alcance político y ambiental?

Antes de sacar conclusiones sobre efectos reales, es imprescindible que se publique el texto final del proyecto, los peritajes, los términos de referencia de los estudios y las actas de las comisiones. Mantenemos cautela: así como lo manifestamos el 5/4/2026, exigimos la verificación documental —texto del proyecto, peritajes, actas y listas de asistencia— antes de evaluar alcance político o judicial. La Corte y la ley 25.688 sobre gestión de cuencas aparecen mencionadas por Ávila como marcos de coordinación interjurisdiccional, pero la invocación legal no sustituye un diseño operativo: quién financia los estudios, quién audita los resultados y qué plazos se fijan son decisiones técnicas que deben estar por escrito. Sobra interés económico —la diputada habla de hasta 200.000 empleos directos e indirectos si se desarrollara plenamente el sector—; falta, por ahora, la publicación de la documentación que permita comprobar esas proyecciones.

Conclusión: qué sigue y por qué importa

La discusión combina dos vectores: una demanda por certidumbre jurídica para inversiones, que en la entrevista se tradujo en cifras de exportación y empleo; y la exigencia de garantías científicas para la protección del agua. El debate en Diputados tiene fecha, pero para el ejercicio responsable del periodismo y de la política es condición mínima que el proyecto y sus anexos estén disponibles para los ciudadanos y las fuentes técnicas independientes. Hasta entonces, mantenemos cautela y pedimos verificación pública de los insumos técnicos y legales que están en el centro de la reforma.