La Justicia de Rosario investiga a tres psicólogas señaladas por producir informes prácticamente calcados que, según la denuncia presentada en septiembre de 2025, habrían influido en la apertura de causas y en la adopción de medidas cautelares contra padres o tutores. La denuncia reúne inicialmente ocho expedientes y, según los denunciantes, hay más de 15 casos en análisis, datos aportados por LA NACION.
Qué dice la denuncia
La presentación penal, firmada por un grupo de abogados rosarinos y elevada al Ministerio Público de la Acusación en septiembre de 2025, acusa a las profesionales identificadas por sus iniciales P.B.A., G.R.S. y N.V.A. de usar formularios prearmados y criterios repetitivos en evaluaciones de distintos menores (según LA NACION). El expediente señala que los informes partían del relato de una sola de las partes y omitían instancias de verificación: la llamada la hora del juego no fue registrada en audio ni video, según la denuncia. Los abogados denunciantes relevaron coincidencias textuales y diagnósticos idénticos entre expedientes separados por años, lo que, según su presentación, sugiere una estructura coordinada. La imputación formal incluye asociación ilícita, corrupción de menores y falso testimonio agravado, según el texto de la denuncia publicado por LA NACION.
¿Cómo impactó esto en las familias?
Los efectos procesales y personales que describe la denuncia son concretos. Un caso citado en los expedientes es el de Pablo Barra, que dejó de ver a su hija en junio de 2018 y, según la nota original, no logró contacto durante siete años; la niña tiene hoy 11 años. Barra fue absuelto en primera instancia, pero el Ministerio Público de la Acusación apeló ese fallo, lo que extendió la situación procesal y la privación efectiva de relación paternal, según LA NACION. El relato expone dos consecuencias recurrentes: la imposición de medidas cautelares de contacto restringido y el desgaste judicial prolongado para las partes. En la cobertura periodística los abogados subrayan que, sin registros verificables de las técnicas usadas, la única traza documental que pesó fueron los informes psicológicos presentados ante fiscales y jueces.
¿Qué pasos procesales siguen y qué significa esto legalmente?
El jefe de fiscales de Rosario, Matías Merlo, decidió reforzar el equipo que investiga la denuncia sumando a las fiscales Guillermina Torno y Bárbara Glikman para intervenir junto a la fiscal Guillermina Aiello, por lo que serán tres investigadoras en total, según el MPA y reconstruido por LA NACION. Merlo rechazó el pedido de apartamiento de Aiello por falta de motivos suficientes, pero optó por sumar recursos humanos. Procesalmente, la investigación deberá determinar si existe coordinación sujeta a asociación ilícita, si hubo manipulación o inducción de menores (corrupción de menores) y si se configuran declaraciones falsas con agravantes. Estas figuras, de acreditarse, implican distintas pautas probatorias: peritajes psicológicos complementarios, cotejo interexpediente y análisis documental de las evaluaciones. El proceso puede extenderse meses, en función de la producción de pruebas y de la necesidad de especialistas forenses.
Qué preguntas quedan abiertas y qué deberían buscar los investigadores
El expediente plantea lagunas técnicas que los investigadores tendrán que resolver sin apresuramientos. La ausencia de grabaciones de las sesiones —la hora del juego— impide comprobar la fidelidad de los relatos atribuidos a los menores, una omisión señalada por la defensa y documentada en la denuncia (LA NACION). Es clave contrastar las entrevistas en Cámara Gesell con los informes presentados y evaluar si se usaron protocolos reconocidos para peritajes de abuso infantil. También corresponde indagar cualquier vínculo institucional que permita explicar la repetición de terminología y diagnósticos, sin adelantar conclusiones sobre móviles. A nivel institucional, la Corte Suprema de Santa Fe activó una compilación estadística sobre denuncias en divorcios conflictivos; ese recorte cuantitativo (iniciado en marzo de 2026) puede ofrecer contexto respecto de la frecuencia y evolución de casos similares.
En todas las etapas hay una premisa: proteger la dignidad y los derechos de los menores y de los adultos involucrados, evitando juicios mediáticos. La investigación judicial debe avanzar sobre pruebas, no sobre percepciones; los abogados denunciantes y los fiscales coinciden en que solo el trabajo técnico y documental permitirá esclarecer si se trató de prácticas profesionales inadecuadas o de un esquema criminal organizado, según las fuentes que aportaron los datos a LA NACION.
