La detención de activistas de Greenpeace en las escalinatas del Congreso el 26 de febrero de 2026 y las protestas que continuaron frente al parlamento concentraron la atención mientras la Cámara alta debatía una reforma a la Ley de Glaciares. Según La Nación, la intervención incluyó pancartas y performance y terminó con detenciones y choques con personal policial.

¿Qué ocurrió en las escalinatas y en la plaza?

La mañana del 26/2/2026 tuvo una intervención pública de Greenpeace en el acceso al Palacio Legislativo, que, según la organización y la crónica periodística, buscó visibilizar el proyecto en tratamiento. La acción incluyó la colocación de una pancarta y una puesta en escena; La Nación consignó que algunos activistas saltaron rejas y fueron detenidos por la Policía Federal. Hacia las 16 se realizó una convocatoria más amplia en la Plaza del Congreso, con presencia de organizaciones sociales, sindicales y ambientalistas, entre ellas ATE y el MST, según la cobertura en el lugar. Los reclamos se concentraron en la consigna “La Ley de Glaciares no se toca” y en la denuncia de que la iniciativa favorecería a proyectos de megaminería. Los hechos incluyeron incidentes con efectivos y afectaron la cobertura de prensa, según informes periodísticos.

¿Qué dice la normativa vigente y por qué existe rechazo?

La normativa que protege los glaciares en la Argentina es la Ley 26.639, sancionada en 2008, según el Boletín Oficial. Esa ley fija criterios para la protección de cuerpos glaciares y de periglaciares y es el marco al que refieren quienes se oponen a cualquier reforma. Las organizaciones ambientalistas citadas en la protesta sostienen que la reforma en debate habilitaría actividades incompatibles con esa protección. Desde el oficialismo se habló de actualizar regulaciones y de adaptar criterios para el desarrollo productivo; desde la oposición y desde ONG se exigió la publicación del texto completo para evaluar alcance y excepciones. En ausencia del texto final y de informes de impacto ambiental y sectorial, las organizaciones y especialistas no pueden cuantificar cambios normativos; por ello, varias voces reclamaron acceder al proyecto completo antes de avanzar en el trámite.

¿Cómo afecta esto al trámite legislativo y a la negociación política?

El Senado tiene 72 integrantes, según la propia Cámara alta, y el debate legislativo se desarrolla en ese marco institucional. La iniciativa contó con aval político de varios gobernadores, y este medio registró coordinación de siete gobernadores para fortalecer posiciones en el Congreso. En ese contexto, la presión en la calle puede incidir en los tiempos y en la estrategia de negociación de los bloques. La regla básica del proceso parlamentario es que cualquier modificación aprobada en el Senado debe pasar a Diputados para su sanción definitiva, y los plazos dependerán de la voluntad política y de la presentación de dictámenes técnicos. Desde nuestra posición editorial, mantenemos cautela: reclamamos la publicación completa del texto, la presentación de estudios de impacto ambiental y sectorial, y la aclaración de criterios de reglamentación antes de sacar conclusiones sobre consecuencias institucionales y ambientales.

Consecuencias inmediatas y próximos pasos

A corto plazo, la combinación de protestas y detenciones obliga a una atención pública y política más intensa sobre el proyecto. Si el Senado avanza, la discusión pasará a Diputados, donde se deberán presentar informes técnicos y ambientales que permitan evaluar efectos sobre cuencas y comunidades. Además de la tramitación legislativa, el episodio abrió un debate sobre el uso de la fuerza pública en manifestaciones y sobre garantías para la cobertura periodística, cuestiones que suelen registrarse en actas y reclamos formales. Observamos que, sin el texto final y sin dictámenes, las valoraciones sobre impacto económico o ambiental son prematuras; por eso insistimos en la necesidad de transparencia documental y en la presentación de datos oficiales antes de juzgar el alcance real de la reforma.