Detuvieron esta mañana en San Carlos de Bariloche a Ramón Valentín Osses Garay, uno de los dos prófugos vinculados al tiroteo ocurrido el 12 de marzo en la Avenida de los Pioneros, y fue imputado por tentativa de homicidio y alojado en prisión preventiva hasta el 20 de julio, según publicó La Nación.
Qué se le imputa y qué pruebas pesan
La fiscalía le atribuye a Osses Garay (imputado, acusado formalmente) haber efectuado disparos desde el asiento del acompañante de un Honda City que, según la acusación citada por La Nación, invadió el carril contrario para posicionarse junto a una Volkswagen Amarok y disparar al menos ocho veces en dirección a su conductor, con el resultado de un adolescente de 14 años herido en el abdomen y otro peatón lesionado; la fecha del hecho fue el 12 de marzo y el horario señalado por fuentes judiciales fue las 17:30, según La Nación. Las pruebas citadas por la fiscalía incluyen registros del centro de monitoreo (cámaras), informes de criminalística sobre vainas servidas recogidas en el lugar, un informe médico del menor lesionado y datos de geolocalización que ubican a los imputados en la zona, según La Nación, y en el allanamiento se secuestró un cartucho calibre 9 mm que será peritado, según la misma fuente.
¿Cómo se investigó y por qué tardó 19 días en detenerlo?
Observamos que la detención llegó después de un operativo que incluyó a la comisaría 27a., el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (Coer), y que la causa se complicó porque Osses Garay y otro de los imputados cortaron las tobilleras electrónicas que tenían colocadas para evadir la localización; el imputado permaneció prófugo 19 días antes de su arresto, según La Nación, y durante ese lapso se realizaron múltiples allanamientos y controles en accesos y terminales. La fiscalía solicitó y el juez formuló cargos por tentativa de homicidio en concurso ideal con otros tres hechos con dolo eventual, todos agravados por el uso de arma de fuego, y para uno de los imputados —Franco Nahuelpan— se dispuso un plazo de investigación penal preparatoria de cuatro meses (aproximadamente 120 días), lo que sitúa en perspectiva los 19 días en que el sospechoso estuvo prófugo frente al plazo de instrucción ordenado por el juez, según La Nación. Evitamos especular sobre la logística o los móviles hasta que la pericia balística y la valoración de las pruebas sean públicas y accesibles.
Impacto local y consideraciones procesales
El hecho ocurrió en una zona de alta concurrencia y en horario vespertino, lo que, según la fiscalía citada por La Nación, generó un riesgo concreto para terceros y movilizó controles en Bariloche, El Bolsón, El Foyel y Dina Huapi; el gobernador Alberto Weretilneck destacó el trabajo coordinado entre la Fiscalía y la Policía, según la crónica. Desde el punto de vista procesal, lo central es que las imputaciones (formuladas por el juez César Lanfranchi en los términos planteados por la fiscalía) se sostienen en pruebas materiales y testimoniales que deberán ser verificadas en la etapa probatoria, y que medidas como la prisión preventiva y el plazo de cuatro meses para la investigación (según La Nación) buscan preservar la investigación ante el riesgo de fuga demostrado por los 19 días de prófugo. Observamos además la obligación de proteger la dignidad de las víctimas —en particular del menor— y la necesidad de evitar filtraciones que puedan entorpecer las pericias, por lo que en esta etapa priman la cautela informativa y el apego estricto al expediente, sin adelantar conclusiones sobre culpabilidades o móviles.
