El plenario de las comisiones de la Cámara de Diputados avaló el 4 de marzo de 2026 la realización de audiencias públicas para debatir el proyecto de modificación a la Ley de Glaciares, según el comunicado oficial publicado por la Cámara el mismo día. La decisión habilita un mecanismo de consulta pero no constituye una aprobación del texto del proyecto, que aún no fue difundido en su versión final.
¿Qué propone el proyecto y qué dijo la Cámara?
La comunicación de la Cámara indica que el objetivo inmediato es convocar a audiencias para recibir aportes de expertos, gobiernos provinciales y organizaciones de la sociedad civil. El plenario pidió además que se adjunten los informes técnicos vinculantes a la discusión, según la nota del 4/3/2026. La Ley 26.639, que regula la protección de glaciares y procesos periglaciales, fue sancionada en 2009; ese antecedente legal sirve de marco para entender por qué el Congreso considera pertinente abrir un debate público 17 años después. Según la Cámara de Diputados, las audiencias buscarán definir alcance, criterios de uso y mecanismos de control antes de que un dictamen pueda someterse a votación en comisiones.
¿Qué cambia respecto de la ley vigente?
El comunicado oficial no publica el texto final del proyecto, por eso cualquier comparación con la Ley 26.639 (sancionada en 2009) exige precaución. Lo que sí resulta verificable: la norma vigente lleva 17 años de aplicación y fue la referencia usada por gobiernos provinciales y nacionales para políticas de gestión del agua y conservación, según antecedentes legislativos. El plenario pidió que se incorporen estudios técnicos y que las audiencias permitan evaluar impactos sector por sector. En la práctica, la convocatoria pública sugiere que los cambios propuestos podrían tocar definiciones sobre autorizaciones ambientales, zonas de exclusión y criterios de intervención. Hasta no disponer del texto y de los informes técnicos, no puede afirmarse si el proyecto amplía, restringe o modifica las instituciones delegadas por la ley de 2009.
¿Cómo afecta esto a las provincias y a las comunidades locales?
La discusión sobre glaciares incide especialmente en las jurisdicciones andinas y en los ámbitos donde las cuencas alimentan sistemas de abastecimiento. Argentina está integrada por 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y varias provincias del oeste basan parte de su planificación hídrica en cuerpos glaciarios, según documentación oficial del gobierno nacional. Las audiencias públicas abiertas pueden ofrecer un espacio para que autoridades provinciales, municipios y comunidades locales expongan datos concretos sobre abastecimiento, impacto económico y riesgo ambiental. Pero el formato y el alcance de las convocatorias son determinantes: si las audiencias se concentran solo en la ciudad de Buenos Aires, algunas voces territoriales pueden quedar fuera. Por eso la Cámara señaló la necesidad de formatos remotos y presenciales, y de remitir los informes técnicos que sustenten cualquier cambio normativo.
¿Qué sigue en el Congreso y qué debería exigir la sociedad?
El plenario fijó la etapa de audiencias como paso previo, aunque sin calendarizar públicamente fechas ni cupos de expositores en el comunicado del 4/3/2026. Según la práctica legislativa, una vez realizadas las audiencias los proyectos regresan a comisión para la redacción de un dictamen que luego puede ser tratado en recinto. Ese proceso suele tomar semanas o meses según la complejidad técnica y la cantidad de aportes. Desde la redacción periodística mantenemos cautela: la existencia de audiencias públicas no anticipa resultados ni sustituye la necesidad de disponer del texto completo y de los informes técnicos que justifiquen cambios. Exigimos, por tanto, acceso a la versión oficial del proyecto y a los estudios de impacto ambiental y hidrológico antes de sacar conclusiones sobre alcance y consecuencias.
