La documentación catastral obtenida por LA NACION muestra que la casa del lote 380 del country Indio Cua figura inscrita a nombre de Bettina Angeletti desde el 15 de noviembre de 2024. La anotación incluye fecha de nacimiento y estado civil, y la compra fue formalizada frente a la escribana Adriana Nechevenko de Schuster.

¿Qué dicen los documentos?

Los papeles accesados por LA NACION consignan la titularidad de la Unidad Funcional 380 a favor de Angeletti desde el 15/11/2024, y la operación se efectuó entre particulares, según el Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires. En la declaración jurada que presentó Manuel Adorni correspondiente a 2024 constan dos inmuebles: un departamento de 115 m2 en Parque Chacabuco (cotitular con su esposa) y otro de 107 m2 en La Plata (100%), además de ahorros por cerca de US$50.000 y deudas por alrededor de $90.000, según LA NACION. La diputada Marcela Pagano incorporó esa inscripción a una denuncia que ya cuestionaba la ausencia de la casa en la declaración pública del jefe de Gabinete. También consignó que, tras la compra, las expensas del lote comenzaron a figurar a nombre de Angeletti, lo que, según la presentación, sugiere un vínculo posesorio o dominial.

¿Qué implica legalmente?

La ley obliga a los funcionarios a declarar el patrimonio de sus cónyuges, pero desde la reforma de 2013 el anexo reservado con esos bienes no es público automáticamente; su difusión queda a criterio del Ministerio de Justicia o debe tramitarse vía judicial, según fuentes citadas por LA NACION. En ese marco, la clave procesal es si la propiedad estaba incluida en el anexo reservado que la Oficina Anticorrupción (OA) puede entregar a una autoridad judicial. El juez federal Ariel Lijo ya investiga viajes y posibles dádivas vinculadas al entorno del funcionario; ese expediente es independiente pero relevante porque establece que la Justicia puede requerir documentación no accesible al público. Pedir la copia del anexo reservado o una orden judicial para su presentación sería el camino para dirimir si existió omisión en la declaración.

¿Qué pruebas faltan y qué pedimos verificar?

Para avanzar desde la sospecha a la comprobación hacen falta documentos concretos: copia del anexo reservado de la OA o de ARCA si existe; escritura pública o instrumento privado que explique el origen de los fondos; y comprobantes de las obras que la denuncia menciona. LA NACION cita valores de mercado del country (promedio US$149.875 según la diputada, con rangos entre US$129.000 y US$249.000) y expensas estimadas entre $600.000 y $800.000 mensuales; esos números ayudan a dimensionar la operación pero no prueban su origen. Mantendremos la cautela: exigimos publicación y verificación documental de actas, listados y comunicados antes de sacar conclusiones, como ya sostenimos en posiciones previas. Si la OA o el Ministerio de Justicia facilitan el anexo, o la Justicia lo ordena, los documentos permitirán confirmar si la casa fue informada y bajo qué régimen (gananciales, propio, donación, adelanto de herencia).

¿Qué impacto político tiene esto ahora?

En lo inmediato, el gobierno respondió con reservas: el Presidente ratificó a Adorni en su cargo y la diputada oficialista Lilia Lemoine describió la vivienda como “una casa reformada… en un country de clase media”. La denuncia de Pagano llegó en el contexto de polémicas previas: el viaje de la esposa en el avión presidencial a Miami y Punta del Este en avión privado, hechos que motivaron la investigación de Lijo. A 78,3 km del domicilio porteño de Adorni en Parque Chacabuco hasta Indio Cua, la presencia del funcionario en la zona fue confirmada por fuentes locales citadas por LA NACION. Políticamente, la clave no es la anécdota geográfica sino si los documentos oficiales coinciden con las declaraciones patrimoniales. Si la OA exhibe el anexo con la casa incluida, la denuncia pierde fuerza; si no lo hace, quedarán abiertas preguntas que corresponden aclarar ante la Justicia.