La escritura del 18 de noviembre de 2025 consignó la transferencia de un departamento en Caballito a nombre de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, y dejó registrada una hipoteca por 200.000 dólares con dos acreedoras identificadas: Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo (64 años), por 100.000 dólares cada una, según un informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble obtenido por LA NACION. La operación quedó inscripta por un valor total de 230.000 dólares.
¿Quiénes son las mujeres que figuran como acreedoras?
Según los documentos citados por LA NACION y el registro, Beatriz Viegas es viuda, tiene 72 años y aparece vinculada en papeles de 2017 con la sociedad Nazca Gold SRL, donde la escritura consignó ‘plazo: 7 años’ en un acto fechado el 17 de agosto de 2017; ese plazo, en la documentación, se extendería hasta 2024. El Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires registra además transferencias de habilitaciones de ‘hoteles sin servicio de comida’ a su nombre en Flores y Almagro. Claudia Sbabo, de 64 años, figura como empleada de una editorial y afiliada al PAMI; no registra actividad societaria reciente y, según la nota, su entorno dijo no estar al tanto de detalles de la operación. Estas referencias provienen del informe registral y de los llamados que LA NACION realizó a las direcciones y teléfonos consignados.
¿Qué muestran los papeles y qué faltaría comprobar?
Los datos registrales consignan que la unidad funcional tiene 199,97 metros cuadrados, de los cuales 120 metros son cubiertos, y que se sumó el proporcional de la cochera, según el informe de dominio. La escritura fechada el 18 de noviembre de 2025 documenta la titularidad 50% a 50% entre Adorni y Angeletti y una hipoteca por 200.000 dólares, con Viegas y Sbabo anotadas como acreedoras por 100.000 dólares cada una. En mayo de 2025 Viegas y Sbabo habían anotado la propiedad en un condominio por 200.000 dólares y seis meses después la venta quedó registrada en 230.000 dólares, es decir 15% más, según el Registro. A partir de esos papeles, la anotación sugiere que, de acuerdo con la escritura, los compradores habrían aportado 30.000 dólares al concretarse la operación.
Faltan, sin embargo, documentos centrales para determinar el origen real de los fondos: las constancias de los préstamos, los comprobantes de pago, las declaraciones juradas correspondientes y los anexos de la escritura. LA NACION consultó a Adorni y al cierre no había respondido; en una conferencia previa el funcionario sostuvo que su patrimonio fue construido en 25 años en el sector privado y anticipó que haría las aclaraciones ante la Justicia.
¿Qué puede decidir la Justicia y qué implica políticamente?
Según la nota, la Justicia ya abrió actuaciones para determinar el origen de los fondos con los que Adorni incrementó su patrimonio en los dos años en funciones. El expediente, según fuentes judiciales citadas por LA NACION, deberá precisar si existieron préstamos reales, cesiones de crédito, simulaciones o cualquier otra figura que explique la transferencia de la propiedad y la hipoteca anotada por 200.000 dólares. Procedimientos habituales en estos casos incluyen la solicitud de peritajes contables, pedidos de copias de transferencias bancarias y la confrontación con las declaraciones juradas; esos pasos son los que permitirán establecer si la operación se ajusta a lo declarado fiscalmente.
En términos políticos, la aparición de acreedoras privadas en una hipoteca de un jefe de Gabinete genera preguntas que exceden el hecho registral: la oposición elevará pedidos de informes y la prensa seguirá la evolución del expediente. Nosotros mantenemos cautela: exigimos la publicación y verificación documental de la escritura, los anexos de la hipoteca y las declaraciones juradas antes de sacar conclusiones sobre alcance político o judicial. Cuando esos documentos estén disponibles, los datos permitirán evaluar si hay inconsistencias entre lo registrado y lo declarado, o si la operación se explica por acuerdos privados legítimos.
El caso reúne al menos tres datos verificables que deben cruzarse en la investigación: la hipoteca por USD 200.000 (USD 100.000 por acreedora), la inscripción por USD 230.000 y la anotación previa por USD 200.000 seis meses antes (15% de diferencia), todos según el Registro de la Propiedad Inmueble y la publicación de LA NACION. Hasta que esos papeles estén a la vista del público y de la Justicia, la evaluación pública debe limitarse a lo que puedan demostrar los documentos oficiales.
