El hecho se produjo cuando el juez correccional de San Isidro Mario Tecchi homologó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba para Andrés Ezequiel Ponce, imputado por la transmisión ilegal del partido entre Nacional Potosí y Boca Juniors del 3 de abril de 2024. Ponce, un estudiante de Derecho de 22 años que vive en Godoy Cruz, deberá difundir un video en sus redes para concientizar sobre los perjuicios de la piratería audiovisual, además de cumplir pautas de conducta como fijar domicilio y no consumir estupefacientes. La medida surge tras una investigación iniciada por la UFEIC y una denuncia de DirecTV, según informó LA NACION.
¿Qué implica la suspensión de juicio a prueba en este expediente?
La suspensión de juicio a prueba es una figura procesal que permite la extinción de la acción penal si el imputado cumple las condiciones impuestas por el juez durante un plazo determinado. En este caso, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Carolina Asprella y la defensa por el defensor oficial Hernán Rocha; el particular damnificado fue la Liga de España, representada por Víctor Hugo Portillo Aguilar, según la nota periodística. El acuerdo contempla obligaciones no pecuniarias: difusión de un video de concientización, fijación de domicilio y conductas personales que el magistrado entendió razonables.
Si Ponce incumple, la suspensión puede dejarse sin efecto y reabrirse la vía penal, con el consiguiente avance del proceso. Evitamos aquí especular sobre motivaciones personales; la documentación judicial y las declaraciones públicas consignadas por LA NACION son las fuentes de los hechos procesales que describimos.
El proceso y los números que se conocen
La investigación que llevó a la imputación comenzó en enero de 2024 a partir de una denuncia presentada por DirecTV, según publicó LA NACION. El partido transmitido de manera ilegal se jugó el 3 de abril de 2024 y la detención de Ponce se concretó en julio de 2024 por orden del juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli. Seis meses después de la denuncia judicial se bloquearon 55 sitios que ofrecían eventos deportivos en vivo, medida que la fiscalía atribuye a las pesquisas coordinadas con la Alianza contra la Piratería Audiovisual.
Según fuentes de la investigación citadas por el medio, el acusado administraba la familia de dominios Megadeportes y un grupo de Telegram con casi 1.000 miembros, y monetizaba las transmisiones mediante publicidad. Esos números sirven para dimensionar el alcance técnico y la capacidad de difusión de la red investigada, sin que en la sentencia pública conste una cuantificación de daños patrimoniales definitiva.
¿Cómo impacta esto en el mercado de la televisión paga y en los derechos deportivos?
DirecTV tenía los derechos exclusivos para la transmisión del partido en cuestión, y la existencia de retransmisiones ilegales afecta la explotación comercial de esos derechos. La Alianza contra la Piratería Audiovisual participó en la investigación y, según fuentes citadas, la vía penal buscó desarticular una operatoria que vendía publicidad durante eventos en vivo. El bloqueo judicial de 55 dominios es una medida de contención, pero no elimina por completo la oferta ilegal, que suele migrar entre dominios y plataformas.
Desde una perspectiva procesal, la sanción acordada tiene un componente pedagógico: obligar al imputado a difundir un video para concientizar. Esa solución es discutible en términos de prevención: puede servir para visibilizar el problema, pero no sustituye acciones técnicas y regulatorias sostenidas para atacar las cadenas que monetizan a mayor escala.
Lectura editorial y cierre
Vemos este acuerdo como una resolución pragmática del proceso: la fiscalía, la defensa y el particular damnificado arribaron a un acuerdo que evita un juicio y exige conductas reparadoras. Respetamos la decisión judicial y las fuentes que la fundamentan; al mismo tiempo, llamamos a centrar la respuesta en desarticular redes y en medidas estructurales. Evitaremos aquí cualquier especulación sobre el móvil individual del imputado o sobre responsabilidades colectivas sin respaldo probatorio.
En línea con nuestra práctica, priorizamos la precisión procesal y la protección de personas y fuentes: los datos clave consignados en estas líneas provienen de la cobertura judicial publicada por LA NACION y de los actuados que la fiscalía aportó a la causa.
