El gobierno porteño informó el 25 de febrero de 2026 cómo será, en términos generales, el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad, según la cobertura publicada por Infobae el mismo día (Infobae, 25/2/2026). Lo que se comunicó son objetivos y pasos administrativos; lo que no está claro todavía es el calendario detallado, la garantía de continuidad de los juzgados en funcionamiento y la cifra exacta de personal que se transferirá. Vemos que, por ahora, predominan las definiciones políticas por sobre los estudios técnicos.

¿Qué cambia para los trabajadores porteños?

El eje para quienes usan la Justicia Laboral no es sólo institucional: es práctico. Si la Ciudad asume competencias, pueden cambiar sedes, circuitos de presentación de demandas y modalidades de asistencia gratuita. Eso importa: según el INDEC, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenía 3.075.646 habitantes en el Censo 2022, y concentra grandes polos de empleo en comercio, servicios y administración pública (INDEC, Censo 2022). Para las personas con menos recursos o con turnos nocturnos la distancia, los costos de traslado y la seguridad son factores reales que condicionan el acceso a la justicia. Por eso exigimos que cualquier traspaso incluya medidas concretas para garantizar accesibilidad, asistencia letrada y atención sin interrupciones.

¿Por qué esto es un tema de infraestructura y no sólo de política?

La transferencia de competencias judiciales no es un trámite simbólico: exige edificios, sistemas informáticos, presupuesto y planteles. La base constitucional para este tipo de transferencias viene de la reforma de 1994; son 32 años desde entonces, y la experiencia muestra que los traspasos sin planificación generan vacíos operativos (Constitución Nacional, reforma 1994). Además, hay costos recurrentes: sueldos, mantenimiento y sistemas digitales para expediente electrónico. La Ciudad debe presentar estudios de impacto presupuestario y de recursos humanos que permitan comparar el estado actual con el escenario proyectado. Sin esos números públicos, la medida queda a criterio político y no se puede evaluar su sostenibilidad.

¿Qué dudas quedaron sin respuesta y qué pedimos hoy?

Lo que falta es sencillo: plazos claros, cifras del personal afectado, presupuesto comprometido y garantías de que los expedientes en trámite no sufrirán demoras. Infobae reportó los puntos generales del plan, pero la comunicación oficial no publicó un cronograma ni el detalle de recursos (Infobae, 25/2/2026). Nosotros ya venimos insistiendo en transparencia y priorizar a usuarias y usuarios —lo dijimos el 16 y 18 de febrero y lo reiteramos hoy—; la exigencia sigue siendo la misma: información pública y estudios de impacto. Mientras tanto, las alternativas prácticas para las y los afectados son presentar consultas ante el Ministerio de Justicia de la Ciudad, acercarse a los sindicatos para asesoramiento y reclamar que las audiencias y las asistencias no se interrumpan.

Cerramos con lo que corresponde: este no es un cambio menor y no puede resolverse sólo con comunicados. Se espera que la Ciudad publique el detalle técnico y el cronograma en los próximos días; si no lo hace, seguiremos pidiendo que se publique la documentación completa y verificable, incluyendo el número de juzgados implicados, la planta de personal transferida y el presupuesto asignado. Los reclamos vecinales y de los trabajadores son legítimos y deben ser la base para medir si el traspaso fue pensado para mantener, no para complicar, el acceso a la justicia laboral.

Luciana Bianco