Un gesto a un día del recinto

A un día del tratamiento formal —el retiro se notificó el 10/02/2026, con la sesión prevista para el 11/02/2026— el Gobierno decidió levantar el proyecto de baja imputabilidad y anunciar el envío de un texto modificado (El Destape, 10/02/2026). Ese movimiento, en sí, dice tanto como el contenido del proyecto: un poder que controla el ritmo legislativo opta por reescribir la escena antes de subir al escenario.

Lo que vemos detrás del gesto

No es sólo que el texto vuelva al horno. Es la elección del tiempo: 24 horas de margen para un tema que atañe a derechos, seguridad y la percepción pública. Cuando la política opera por golpes de efecto, la técnica queda en segundo plano. Vemos una estrategia dual: por un lado, minimizar el costo político inmediato; por otro, controlar la narrativa mediática sobre la inseguridad sin someter el nuevo texto a un debate extendido en comisiones.

El detalle que lo cambia todo: la ansiedad del calendario. En Argentina el proceso legislativo pasa por dos cámaras; el Senado tiene 72 integrantes y la Cámara de Diputados, 257 (Senado de la Nación; Honorable Cámara de Diputados). Esa aritmética no desaparece porque se retire un proyecto: la gobernabilidad y la posibilidad de sanción dependen de mayorías que deben discutirse con tiempo y con constancia técnica.

¿Reforma o performance?

La imagen que circula en los medios es potente: un Ejecutivo que anuncia mano dura y reformismo penal inmediato. Lo que nadie cuenta —o lo que menos se discute en titulares— es la calidad normativa: ¿el cambio respeta estándares internacionales sobre la protección de la niñez y la adolescencia? En la Argentina la imputabilidad penal comienza a los 16 años, un dato que delimita el debate y que organismos como UNICEF han señalado en sus análisis (UNICEF Argentina). Cambiar ese umbral exige evidencia, impacto sobre dispositivos de Justicia Juvenil y recursos para políticas sociales y de rehabilitación, no sólo frases de campaña.

Minas políticas y pocos tecnicismos

La rapidez con que se retira y promete un nuevo texto sugiere dos riesgos claros. Primero, que la iniciativa sea más performativa que técnica: una respuesta al termómetro mediático de la inseguridad, no a diagnósticos interdisciplinarios. Segundo, que se priorice la foto y la narrativa por sobre la construcción normativa que soporte la medida en la práctica —instituciones, presupuesto, protocolos.

Vemos resonancias con decisiones anteriores donde la prioridad mediática desplazó la evaluación técnica: cambiar la letra sin garantizar el aparato que la hace efectiva puede transformar una ley en letra muerta o, peor, en fuente de agravios institucionales.

¿Qué tendría que pasar ahora?

Primero, transparencia: el nuevo texto debe llegar con memoria de impacto y antecedentes comparados. Segundo, comisiones técnicas pluralistas: implicar a ministerios (Justicia, Seguridad, Desarrollo), a operadores judiciales, a defensorías y a organizaciones especializadas en infancia. Tercero, plazos reales para audiencias públicas: un tema de esta gravedad no debería resolverse en 24 horas.

Perspectiva: política de corto plazo vs. soluciones integradas

La política puede y debe responder a la demanda pública, pero bajar la imputabilidad sin un andamiaje técnico es un riesgo. Si la retirada se usa para mejorar el proyecto con evidencia y debates públicos, será un gesto responsable; si sirve a la lógica del calendario y la foto, estaremos frente a otra reforma performativa.

Lo que nadie cuenta es que la elección del tiempo revela prioridades. Aún con el respaldo mediático que pueda conseguirse, una política penal eficaz requiere más que anuncios: demanda recursos, instituciones y consenso. Si no, la reforma quedará en el tono y no en la letra.

Fuentes citadas

  • El Destape, “A un día de su tratamiento, el Gobierno de Milei retiró el proyecto de baja imputabilidad” (10/02/2026).
  • Senado de la Nación, datos institucionales (72 senadores).
  • Honorable Cámara de Diputados de la Nación, datos institucionales (257 diputados).
  • UNICEF Argentina, observaciones sobre edad de imputabilidad y derechos de la infancia (consultas públicas y documentos).