El Senado debate este miércoles la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, un proyecto que el oficialismo busca aprobar en sesión extraordinaria convocada para las 14 horas. La iniciativa, que modifica el régimen penal juvenil vigente desde 1980, no tiene texto completo publicado en el sitio del Congreso ni reglamentación conocida sobre su implementación.

Según pudo confirmar este medio con fuentes del bloque oficialista, el proyecto establece que menores de entre 13 y 16 años podrán ser imputados por delitos graves —homicidio, violación, robo con armas— y quedar bajo régimen de detención en centros especializados. No se conoce, sin embargo, cuántos centros existen actualmente, cuál es su capacidad operativa ni qué presupuesto se asignará para construir o adecuar infraestructura.

¿Qué dice el oficialismo y qué responde la oposición?

El ministro de Seguridad, en declaraciones a la prensa el lunes pasado, sostuvo que la medida “responde a un reclamo social” y citó casos de menores involucrados en delitos violentos. No aportó estadísticas oficiales sobre evolución de delitos cometidos por menores ni informes del Ministerio de Justicia que justifiquen la baja de edad.

La oposición dialoguista —sectores del radicalismo y bloques provinciales— anticipa apoyo parcial condicionado a la inclusión de un régimen de reinserción y garantías procesales para menores. Fuentes de esos bloques indicaron que pedirán modificaciones en comisión si el proyecto pasa a Diputados. La oposición dura —Unión por la Patria y bloques de izquierda— rechaza la iniciativa y argumenta falta de datos que avalen su necesidad.

Organismos de derechos humanos, entre ellos el CELS y UNICEF Argentina, emitieron comunicados en los últimos días alertando sobre la ausencia de información oficial. Según un informe de UNICEF difundido el 20 de febrero, Argentina no cuenta con estadísticas actualizadas sobre menores en conflicto con la ley penal ni con un sistema de reinserción funcional a nivel federal.

¿Cómo está la cuenta en el Senado?

La votación se prevé ajustada. El oficialismo cuenta con 33 senadores propios y necesita sumar al menos cuatro voces más para alcanzar mayoría simple (37 sobre 72 bancas). Bloques provinciales —especialmente de Salta, Tucumán y Mendoza— son clave para inclinar la balanza.

En diálogo con este medio, un senador de un bloque provincial que pidió no ser identificado señaló: “Estamos esperando el texto definitivo y las garantías de que esto no termina siendo sólo punitivismo sin estructura detrás”. Resta definir si esas condiciones se cumplen antes de la sesión.

La sesión de hoy incluye también otros puntos del temario extraordinario convocado por el Ejecutivo, entre ellos modificaciones al régimen de coparticipación federal y la ratificación del acuerdo Mercosur-UE, cuyo tratamiento ya genera tensiones de cara al inicio de sesiones ordinarias el 1° de marzo.

¿Qué falta saber?

La aprobación en el Senado no implica sanción definitiva: el proyecto debe pasar a Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría propia y deberá negociar con bloques provinciales y parte del radicalismo. Allí se espera que se incorporen modificaciones sobre régimen procesal, estructura de centros de detención y presupuesto asignado.

Sin esos datos, el debate queda incompleto. No se conoce cuántos menores quedarían alcanzados por la nueva normativa, cuál es la capacidad actual del sistema de justicia penal juvenil ni qué recursos se destinarán a infraestructura y personal especializado.

La cautela se mantiene hasta contar con el texto final, la reglamentación y datos oficiales que permitan medir el impacto institucional, en derechos y en seguridad. Por ahora, lo que hay es una sesión convocada, un proyecto sin texto público completo y una votación que se define hoy a la tarde.