Empresarios nucleados en AEA y UIA pidieron “respeto” tras las críticas del Presidente en la apertura de sesiones del Congreso y rechazaron ser responsables de las “distorsiones” acumuladas, a la vez que reclamaron condiciones estables para invertir, según comunicados difundidos por La Nación el 3/3/2026.
¿Qué reclaman concretamente los empresarios?
Las asociaciones empresarias insisten en dos mensajes claros: primero, reivindican su rol en la producción, el empleo y la recaudación; segundo, piden un marco previsible para invertir. La UIA señaló que la industria representa el 19% del PBI, aporta el 27% de la recaudación y genera 1,2 millones de empleos directos (3,6 millones si se cuentan los indirectos), según el comunicado reproducido por La Nación. Además, la central fabril advirtió que la industria perdió cerca de 65.000 empleos desde el inicio de la gestión actual, lo que equivale a una caída del 5,4% del empleo formal en el sector. Estas cifras justifican el reclamo por “respeto”: detrás de cada porcentaje hay fábricas, proveedores y familias afectadas.
¿Cómo impacta esto en el bolsillo y en las pymes?
El cruce entre el Gobierno y los empresarios no es solo retórico: tiene efectos sobre precios, empleo y márgenes. El Presidente apuntó a precios domésticos (ej.: tonelada de tubo de acero a US$4.000 vs US$1.400), pero abrir sin transición puede erosionar plantas y puestos de trabajo. El INDEC muestra que la producción industrial manufacturera está 8,4% por debajo de noviembre de 2023 y que rubros como textil (-47,7%) y automotriz (-37,7%) registran caídas severas; solo refinación de petróleo (+15,2%) y alimentos (+2,8%) crecieron en la serie, según datos oficiales. La utilización de la capacidad instalada en diciembre fue 53,8%, por debajo del 56,7% de diciembre de 2024, lo que confirma espacio ocioso y presión sobre márgenes. Para el consumidor, la apertura puede significar menores precios en algunos bienes; para la pyme, puede implicar competencia abrupta, caída de ventas y dificultades para financiarse.
¿Qué puede y qué no puede hacer el Gobierno ahora?
La UIA no rechaza la estabilización ni las reformas: reconoce avances en equilibrio fiscal y caída de la inflación, pero pide que la transición sea ordenada. Aquí vemos tres prioridades prácticas. Primera: una ancla macro creíble para bajar la prima de riesgo y que la apertura no se traduzca en volatilidad. Segunda: acumulación de reservas por flujo para dar margen ante shocks —coherente con la necesidad de convertir ingresos por exportaciones en resiliencia—. Tercera: políticas de apoyo a la competitividad (crédito a pymes, reducción de asimetrías regulatorias y alivio transitorio de costos fiscales) para amortiguar el ajuste. No hay soluciones mágicas: liberalizar sin redes ni costos de ajuste es político y socialmente riesgoso; mantener trabas indefinidas es económico y regresivo. En síntesis, el diálogo que piden AEA y UIA es funcional: permite combinar estabilización con medidas de acompañamiento para que la apertura no signifique pérdida sostenida de tejido productivo.
Conclusión
El choque verbal en el Congreso expone una tensión legítima: la necesidad de corregir protecciones ineficientes y, al mismo tiempo, la urgencia de evitar que la transición detone fábricas y empleo. Apoyamos la estabilización y las reformas, pero insistimos en que se construya un ancla creíble y se acumulen reservas por flujo para que cualquier apertura beneficie al consumidor sin desarmar la base productiva del país.
