La Cámara en lo Penal Económico no cerró la causa de evasión contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente Claudio “Chiqui” Tapia: el fiscal de Cámara se opuso al sobreseimiento y la Justicia realizó un procedimiento en dependencias bonaerenses para secuestrar balances, mientras el organismo recaudador reclama 19.000 millones de pesos, según La Nación (18/3/2026).

¿Qué resolvió la fiscalía y por qué?

El fiscal de Cámara presentó un dictamen en el que rechazó que prospere un sobreseimiento por inexistencia de delito y pidió confirmar el fallo de primera instancia que ya había denegado la anulación del expediente, según La Nación. En su escrito —citó el matutino— el juez de primera instancia Diego Amarante había sostenido que “la consumación se produce cuando, vencido el plazo, el obligado omite efectuar su depósito”; el fiscal de Cámara replicó esa línea argumental y afirmó que la normativa invocada no prorrogó vencimientos. La decisión fiscal parte de la premisa de que los aportes retenidos son ajenos a la AFA y, por ende, su retención reviste “carácter particularmente intenso”, según el dictamen citado por La Nación. En la práctica procesal esto implica que la causa seguirá activa y que la Cámara deberá resolver si procesa a los imputados.

¿Qué buscan en los balances y quién lo investiga?

Paralelamente, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó medidas para obtener los balances de la AFA depositados en la provincia de Buenos Aires y remitir solicitudes a la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense, según La Nación. La investigación apunta a determinar si fondos percibidos por la sociedad extranjera TourProdEnter, vinculada a Faroni y Erica Gillette, fueron declarados en los estados contables de la AFA. La nota indica que se investiga un flujo por aproximadamente 400 millones de dólares atribuido a operaciones de marketing de la Selección en el exterior. Además, el Ministerio de Justicia nombró veedores para la AFA por 180 días para revisar balances, giros del exterior y otras operaciones, según la misma fuente. Esos pasos buscan trazar el recorrido contable de ingresos y egresos y comprobar si existió o no un desvío.

¿Qué dice la AFA y qué encontró la IGJ?

La AFA pidió la nulidad del caso con el argumento de que una resolución administrativa la habría autorizado a diferir pagos o no depositar aportes, y sostuvo que luego regularizó lo adeudado, según La Nación. Esa defensa fue rechazada en primera instancia por la fiscalía y el juez, que entendieron que la norma citada no prorrogó los vencimientos. En paralelo, la Inspección General de Justicia (IGJ) evaluó el intento de traslado del domicilio social de la AFA a Pilar y concluyó que no hubo traslado efectivo: la IGJ señaló que la sede propuesta no tenía oficinas ni funcionamiento, por lo que la mudanza fue calificada como “sede social falsa”, según el informe citado por La Nación. En febrero pasado, el gobierno bonaerense avaló el arribo de la AFA a la provincia, pero la IGJ nacional rechazó la transferencia de jurisdicción tras la inspección in situ, según la nota. Esa contradicción administrativa es hoy un punto central en la batalla por la jurisdicción y el acceso a documentación.

¿Qué sigue y qué preguntas pendientes quedan?

El expediente abrió varias líneas: la Cámara debe resolver la apelación y decidir si confirma el rechazo al sobreseimiento; en la sede penal económico la Sala A tiene a cargo la intervención, con jueces Carolina Robiglio y Roberto Hornos mencionados para intervenir en la sustitución de vacantes, según La Nación. Además están en juego las posibles imputaciones penales —el juez Amarante y fiscales ya definieron que hay indicios para continuar— y la búsqueda documental ordenada por González Charvay para probar el destino de los fondos. Resta por verificarse públicamente la información contable que fundamente las acusaciones: montos, fechas de ingresos y cuentas receptoras. Mantenemos cautela: exigimos publicación y verificación documental de actas, listados y comunicados antes de sacar conclusiones. Hasta que esos papeles estén a la vista, la causa seguirá siendo una suma de diligencias y argumentos en sede judicial y administrativa.