El Ejecutivo dio marcha atrás y retiró el proyecto de reforma penal juvenil que proponía fijar la edad de imputabilidad en 13 años, según informó Ámbito el 10/2/2026 (Ámbito, 10/2/2026). La decisión interrumpe un debate que, en la última semana, había escalado en la agenda pública y mediática.
El proyecto en cuestión apuntaba a establecer la imputabilidad penal a los 13 años (13 años, según Ámbito, 10/2/2026). Esa propuesta había generado cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos, expertos en infancia y sectores de la oposición, que señalaron la necesidad de respetar estándares internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño define como menores a las personas menores de 18 años (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989), estándar que fue invocado por varias voces críticas.
Fuentes oficialistas consultadas en la etapa previa sostuvieron que la iniciativa pretendía responder a una preocupación social por delitos cometidos por menores y a la demanda por mayor seguridad. Voceros de la oposición, por su parte, habían advertido sobre la falta de consensos técnicos y sobre riesgos institucionales de cambiar la política de infancia sin estudios previos. En ambos casos las referencias fueron genéricas y no hubo en la prensa local citas textuales que permitan reconstruir un acuerdo político amplio.
El retiro del proyecto llega después de una semana de anuncios y contrapuntos públicos (13/2/2026 y días siguientes), según el seguimiento diario de la agenda. Frente a ese ritmo, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales reclamaron la presentación de evaluaciones técnicas y procesos de consulta. Ese reclamo subraya una diferencia clave: la discusión política suele centrarse en la señal pública, mientras que especialistas piden evaluaciones de impacto sobre derechos y sobre la efectividad en la prevención del delito.
A partir de ahora quedan al menos tres preguntas prácticas. Primero: ¿se archivará la iniciativa definitivamente o será reelaborada? Segundo: ¿qué indicadores utilizará el Estado para justificar cualquier cambio futuro en la política de imputabilidad? Tercero: ¿cómo se articularán las medidas penales con políticas de prevención, asistencia y reinserción para menores? En ausencia del texto final, estas preguntas no tienen respuesta verificable.
En términos de procedimiento, la retirada del proyecto implica que no hubo votación legislativa ni modificación normativa efectiva. Resta, por tanto, contar con el texto que el Ejecutivo había puesto en discusión para evaluar alcances, definiciones y excepciones técnicas. También será necesario conocer si la decisión irá acompañada de un plan alternativo de políticas públicas para infancia y seguridad.
La discusión sobre la edad de imputabilidad combina dimensiones jurídicas, sociales y de política pública. En el plano jurídico conviven normas nacionales y compromisos internacionales; en el social, percepciones ciudadanas sobre seguridad; y en el administrativo, limitaciones presupuestarias y de gestión para políticas de prevención y asistencia. Por eso expertos consultados en debates previos reclamaron datos: tasas de reincidencia, porcentajes de delitos cometidos por menores y costos fiscales de medidas alternativas; sin esos insumos cualquier cambio tiene alcance incierto.
Nuestra posición editorial se mantiene en la cautela informativa: se informa la marcha atrás y se exige conocer el texto final, la reglamentación y los análisis oficiales que permitan medir el impacto institucional, en derechos y en seguridad. Hasta que esos documentos estén disponibles, la discusión pública seguirá basada en anuncios y en valoraciones políticas más que en evidencias verificables.
Resta observar los pasos siguientes. Si el Ejecutivo decide reabrir el expediente, será imprescindible que presente estudios de impacto, datos comparativos y mecanismos de seguimiento. Si opta por archivar la iniciativa, la agenda volverá a la discusión sobre prevención y reinserción, donde operadores judiciales, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil tendrán voz. Mientras tanto, el hecho concreto es la retirada comunicada el 10/2/2026 y la urgencia de transparencia y datos para que el debate avance con elementos verificables (Ámbito, 10/2/2026; Convención sobre los Derechos del Niño, 1989).
