La Justicia imputó a un hombre identificado como Nicolás C. por defraudación por abuso de confianza en la causa que investiga la desaparición y la comercialización no autorizada de al menos 161 bovinos, según informó LA NACION. La jueza dispuso medidas procesales por 90 días —entre ellas la obligación de fijar domicilio y la prohibición de salir del país— mientras el fiscal Ramiro Martínez profundiza la pesquisa.

¿Qué ocurrió exactamente y qué prueban los registros?

Según la investigación, la operatoria se desarrolló entre fines de febrero y mediados de marzo en un campo de Santa Teresa donde el imputado tenía a su cargo la hacienda. La Fiscalía afirma que 161 bovinos fueron vendidos a través de una consignataria y trasladados a un feedlot en Chabás, hallazgo que orientó la hipótesis hacia una comercialización dentro del circuito legal, no un robo común (fuente: LA NACION). Además, los investigadores detectaron un intento de emitir nuevas guías de traslado por 190 animales que fue frenado por el productor; el descubrimiento de esas guías llevó a que Bruno Riboldi consulte el sistema de Senasa y realice la denuncia el 17 de marzo de 2026 (LA NACION). La imputación, según el expediente, se concretó el 24 de marzo de 2026, siete días después de la denuncia, y la causa quedó en los Tribunales Provinciales de Villa Constitución.

¿Hubo delito o fue una operatoria comercial normal?

La defensa del imputado, a cargo del abogado Pablo Morosano, sostiene que no existió fraude y que la venta se enmarca en un esquema comercial preexistente: “era el cuarto ciclo de engorde” que hacían juntos y la venta, dicen, se realizó por canales habituales con plazos de cobro de entre 30 y 45 días (LA NACION). Esa versión plantea que la controversia estalló por la diferencia en los tiempos de cobro, no por una sustracción ilegítima. Desde el lente procesal, la cuestión central que deberá resolver la Fiscalía es si la operación se hizo con consentimiento o si hubo abuso de confianza al disponer de la hacienda sin autorización. Las medidas cautelares por 90 días buscan preservar la investigación mientras se producen peritajes, cruces de comunicaciones y la documentación de la consignataria involucrada.

¿Qué impacto tiene esto en las partes y en el mercado agropecuario?

El caso expone un conflicto entre confianza comercial y trazabilidad: por un lado, Riboldi denunció la ausencia de sus animales y advirtió la existencia de cheques rechazados; por otro, la consignataria Aguirre Vazquez S.A. dijo haber sido víctima de una maniobra y anunció que colaborará con la investigación (comunicado público, citado en LA NACION). En la esfera práctica, la disputa puede afectar relaciones contractuales en esquemas de engorde por terceros y la confianza en la operatoria de consignatarias locales. La defensa mencionó además que no hubo un pedido de captura ni prosperó un reclamo de fianza por 20 millones de pesos que circuló en versiones públicas (LA NACION). Hasta que la Fiscalía no concrete pruebas documentales y peritajes contables y de trazabilidad, corresponde mantener la cautela: la imputación es una etapa formal de la investigación, no una condena.

Firmamos la nota desde el lente procesal: priorizamos los hechos verificados y evitamos especulaciones sobre móviles o culpabilidades hasta que el expediente aporte pruebas concretas. Seguiremos el avance de las medidas por 90 días y la presentación de pruebas que la defensa anuncia para pedir el archivo de la causa.

Jorge Valenti