En abril las jubilaciones y pensiones pagadas por la Anses se reajustan 2,90%, en línea con la inflación de febrero difundida por el INDEC. El haber mínimo sin bono pasa de 369.600,88 a 380.319,31 pesos; con el refuerzo de hasta 70.000 pesos el ingreso bruto garantizado será de 450.319,31 pesos, y en mano, descontado el aporte al PAMI, de 438.909,73 pesos, según estimaciones publicadas por La Nacion basadas en la resolución que Anses publicará próximamente.

¿Cómo impacta esto en tu bolsillo?

Vemos dos efectos simultáneos. Por un lado, la actualización de 2,90% protege nominalmente todos los haberes y asignaciones que se ajustan mensualmente por inflación, incluida la Asignación Universal por Hijo, la cual llega en abril a 132.878 pesos (80% se cobra mensualmente), según Anses y cálculos publicados. Por otro lado, el bono de 70.000 pesos, congelado desde marzo de 2024 para determinados beneficiarios, reduce la recomposición real de los ingresos más bajos. En números: el haber mínimo más bono subió 26,6% interanual frente a un incremento de 33,06% en los haberes que no reciben el tope, de acuerdo con el análisis citado por La Nacion. El resultado es que quienes cobran el mínimo pierden entre 4% y 5% de poder adquisitivo frente a abril de 2025, según la misma fuente.

¿Por qué ocurre esta pérdida de poder adquisitivo entre los más bajos?

La explicación es sencilla y técnica a la vez: la fórmula de movilidad actual indexa haberes por inflación, pero el refuerzo de 70.000 pesos que complementa a los más bajos está congelado. Si ese complemento hubiera subido al mismo ritmo que los haberes, el ingreso mínimo garantizado hoy sería 578.337 pesos en vez de 450.319,31, según la estimación reproducida por La Nacion. Además, casi 2,96 millones de personas cobran ese ingreso mínimo en el régimen contributivo, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, por lo que el efecto agregado es relevante para el consumo y la vulnerabilidad social. En paralelo, la inflación relevante para los hogares con menor ingreso suele diferir del promedio del INDEC, por lo que la pérdida real puede ser distinta según la canasta familiar.

Qué debería hacer la política pública

Observamos que las medidas puntuales de protección son necesarias pero insuficientes si no se acompañan de credibilidad macro. Apoyamos mecanismos que protejan a los sectores más vulnerables, pero sostenemos que mantener complementos congelados sin una estrategia de ancla monetaria y acumulacion de reservas puede trasladar presión fiscal y erosionar el poder de compra. En la práctica, proponemos dos líneas: 1) transparencia y revisión del refuerzo de 70.000 pesos para que se actualice en forma predecible o se reemplace por un mecanismo focalizado; 2) un plan macro que incluya acumulacion de reservas por flujo y una pauta de estabilidad nominal que permita que los ajustes no se coman sostenidamente los ingresos reales de jubilados y familias.

Conclusión

En abril la actualización de 2,90% es correcta desde la lógica de la movilidad, pero el congelamiento del complemento para los más bajos genera una pérdida de poder adquisitivo para millones de jubilados. Si queremos evitar que cada ajuste termine trasladando fragilidad a hogares y comercios, las políticas sociales deben combinar protección inmediata con señales macroprudentes que den previsibilidad a precios y al tipo de cambio. Traducido: proteger el bolsillo hoy y reducir la incertidumbre para que ese alivio dure mañana.