En una publicación en X del 11/3/2026, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, respondió al abogado de la AFA, Gregorio Dalbón, y aseguró: “Si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley”. La declaración se produjo en medio de las indagatorias por presuntas retenciones indebidas de aportes y cargas sociales. Pablo Toviggino declaró ante el juez Diego Amarante el 11 de marzo de 2026 y Claudio Tapia fue citado para declarar al día siguiente; a ambos se les impuso la prohibición de salir del país, según fuentes judiciales citadas por LA NACION.

¿Qué se investiga y cuáles son los números?

La denuncia que dio origen al expediente consignó inicialmente $7.593.903.512,23 en obligaciones no ingresadas y, en una ampliación posterior, sumó $11.759.643.331,62; el total bajo investigación supera los $19.300 millones, según la presentación citada por LA NACION (11/3/2026). La ampliación equivale a un incremento de 54,9% respecto del monto inicial (cálculo con base en los números de la denuncia). Los hechos se atribuyen a retenciones impositivas y de la seguridad social que, según la causa, no fueron depositadas “en tiempo y forma”. Además de esta investigación por retenciones, la AFA figura en otras causas: posible lavado de dinero en Lomas de Zamora, presunta administración fraudulenta por desvío de fondos en operaciones en Estados Unidos y pesquisas por uso de testaferros, todas mencionadas en el expediente citado.

¿Interviene el Estado o actúa la Justicia?

Gregorio Dalbón sostuvo que la causa es “una cuestión absolutamente política” y sugirió que terminaría “arreglándose políticamente”; en sus declaraciones dijo que el Estado “está hace cuatro meses hablando de la AFA” (LA NACION, 11/3/2026). La reacción oficial llegó desde la Secretaria de la Presidencia y del ministro de Justicia, Martín Mahiques. Este último publicó en X que el Poder Ejecutivo no intervendrá en la causa “precisamente para resguardar la autonomía del Poder Judicial y la plena vigencia de la división de poderes” y agregó que el gobierno pondrá la información necesaria a disposición de la Justicia. Observamos que, frente a choques de interpretación entre actores políticos y jurídicos, la verificación documental resulta esencial: mantenemos cautela y exigimos la publicación y cotejo de actas, oficios y listados antes de sacar conclusiones sobre alcance y efectos.

¿Qué puede ocurrir en los próximos pasos procesales?

La causa seguirá por la vía penal: las indagatorias de Toviggino (11/3/2026) y la prevista de Tapia (12/3/2026, según el cronograma citado) son pasos formales que permiten al juez reunir elementos para decidir medidas cautelares, ampliaciones de investigación o eventualmente indagaciones adicionales. En paralelo, la AFA suspendió los partidos del último fin de semana en rechazo a la denuncia y en coincidencia con las citaciones, según el comunicado de la entidad reproducido por LA NACION. Los efectos administrativos y contractuales —por ejemplo con sponsors o organismos internacionales del fútbol— dependerán de las resoluciones judiciales y de la publicación de actas y documentos contables que acrediten o descarten las retenciones imputadas. Nosotros vemos necesario que la Justicia publique las resoluciones y que los actores entreguen listados y comprobantes para poder evaluar el impacto real.

En términos institucionales, la disputa entre posturas políticas y garantías procesales no es excepcional; su resolución requerirá que el juez que entiende en la causa fundamente cada medida en documentos y pruebas. Hasta tanto esos instrumentos estén disponibles, mantenemos cautela: exigimos verificación documental de las actas, listados y decretos relacionados antes de emitir juicios sobre el alcance y las consecuencias del expediente.