El gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó el 10 de febrero de 2026 un informe en el que cuestiona la reforma laboral impulsada a nivel nacional; la presentación contó, según la cobertura del medio Gestión Sindical, con el respaldo de las dos CTA, el sindicato de Camioneros y cámaras del sector industrial.

El documento provincial, según la crónica consultada, sostiene que varios puntos de la iniciativa podrían aumentar la informalidad laboral y generar un costo fiscal adicional. La nota de Gestión Sindical consignó la presencia de representantes sindicales y empresarios en el acto de presentación, sin reproducir citas textuales del informe. (Fuente: Gestión Sindical, 10/02/2026)

El debate que motiva el informe tiene dos campanas claras. Por un lado, el gobierno bonaerense y los sindicatos que acompañaron la presentación plantean que ciertos cambios propuestos en la ley debilitan garantías laborales y pueden trasladar costos a las arcas provinciales y municipales. Por el otro, los promotores de la reforma argumentan —en los textos y declaraciones públicas previas— que la iniciativa busca flexibilizar formas de contratación para incentivar nuevas contrataciones y reducir litigios, aunque esas afirmaciones deberán contrastarse con el texto final y con estudios empíricos.

En materia de contexto macroeconómico, el panorama laboral aporta razones para la prudencia. Según el último informe oficial disponible, la tasa de desocupación fue del 7,2% en el cuarto trimestre de 2025 (INDEC). El empleo en el sector informal alcanzó una participación del 37,4% en el mismo período (INDEC). En términos comparativos, la tasa de desocupación creció desde 6,8% en el cuarto trimestre de 2024 hasta 7,2% en 2025, según la misma serie del INDEC, lo que subraya la sensibilidad del mercado de trabajo ante cambios regulatorios. (Fuentes: INDEC, series trimestrales de empleo)

El informe provincial no hace previsiones numéricas públicas sobre cuánto podría elevarse el costo fiscal o la informalidad en caso de aprobarse la reforma en los términos que se discuten. Esa ausencia es relevante: sin modelos técnicos o proyecciones públicas, las apreciaciones quedan en el terreno político. Fuentes del gobierno bonaerense, consultadas por este medio a partir de la cobertura, indicaron la necesidad de contar con el texto definitivo y con simulaciones fiscales antes de avanzar en eventuales respuestas normativas o administrativas. (Fuente: Gestión Sindical y declaraciones de la gobernación reproducidas por el medio)

Desde la oposición y entre los promotores del proyecto nacional se repite la tesis de que cambios en la regulación laboral pueden incentivar empleo formal y reducir costos judiciales laborales. Esas afirmaciones, cuando se cotejan con estadísticas de empleo e informalidad, requieren contrapartes cuantitativas: estimaciones de creación de puestos, impacto sobre la base contributiva y efectos sobre la recaudación previsional. Hasta ahora no se han difundido estudios independientes y verificables con esos números.

Qué resta por conocerse. Primero, el texto final aprobado por el Congreso o por las cámaras correspondientes. Segundo, la reglamentación y los decretos que definirían alcances concretos. Tercero, estudios técnicos que cuantifiquen impacto en empleo formal, informalidad y costo fiscal por jurisdicción. Sin esos tres elementos, las afirmaciones tanto del gobierno bonaerense como de los promotores de la reforma se mantienen en el plano de la argumentación política.

Nuestra posición editorial se mantiene en clave de cautela: informamos la presentación del informe y su respaldo sindical e industrial, y consideramos imprescindible disponer del texto definitivo, la reglamentación y datos oficiales para evaluar de forma objetiva los efectos sobre empleo, informalidad y finanzas públicas. En los próximos días buscarán visibilidad técnica los estudios y las voces expertas; será necesario verificarlos y contrastarlos antes de sacar conclusiones sobre la eficacia o el daño de la reforma.