El gobierno de la Ciudad publicó en el Boletín Oficial el llamado a licitación para la concesión de El Canal de la Ciudad y de las emisoras AM 1110 (La Radio de la Ciudad) y FM 92.7 (La 2x4), por un plazo de cinco años, según informó el propio gobierno porteño y lo consignó LA NACION el 12/3/2026.
¿Qué anunció exactamente el gobierno porteño?
Según el comunicado oficial, el proceso licitatorio contempla la “administración, gestión, operación y mantenimiento” de la señal de televisión y de las dos emisoras, y exige que las empresas adjudicatarias provean equipamiento, estudios y personal. El gobierno detalló un monto base total estimado para los 60 meses de $645.225.000 para la señal de televisión y $73.740.000 para las señales de radio, y aseguró que las ganadoras deberán cumplir con las normativas de seguridad, seguros y el pago de derechos de autor (SADAIC, AADI-CAPIF, entre otros). La Ciudad también autorizó la implementación de plataformas de streaming y accesibilidad digital, y pidió acreditar antecedentes empresariales en medios y presentar planes de inversión detallados, según el comunicado citado por LA NACION (12/3/2026).
¿Cómo impacta esto en el servicio y en el personal?
Actualmente las dos radios y el canal reúnen aproximadamente 500 empleados, según la información oficial difundida por la Ciudad y recogida por LA NACION. El plazo de concesión anunciado —cinco años a partir del acta de inicio— implica una transferencia de responsabilidades técnicas y operativas a terceros durante ese periodo. Esa estructura plantea preguntas prácticas: cómo se articulará la transición de personal, qué garantías habrá respecto de los convenios laborales vigentes, y qué cláusulas se incluirán para preservar la identidad institucional y la programación cultural, incluida La Once Diez, que cumpliría 100 años en mayo de 2027. En el pasado reciente, funcionarios y candidatos habían cuestionado los gastos vinculados al canal; por ejemplo, en 2025 Manuel Adorni manifestó su intención de cerrar el Canal por un supuesto costo excesivo, según publicaciones públicas citadas por los medios. Es decir: hay incentivos de ahorro anunciados por la Ciudad, pero también riesgos operativos y simbólicos sobre la continuidad del servicio público.
¿Qué sigue y qué preguntas quedan abiertas?
El siguiente paso formal es la puesta a disposición del pliego completo en el Boletín Oficial y el inicio del plazo de presentación de ofertas. El comunicado del gobierno porteño indica condiciones generales, pero no reemplaza la publicación de pliegos, actas, listados y cláusulas contractuales: son esos documentos los que permitirán evaluar criterios de adjudicación, mecanismos de control del contenido institucional, requisitos de inversión y las garantías laborales. Mantenemos cautela: exigimos publicación y verificación documental de actas, listados y comunicados antes de sacar conclusiones sobre alcance y efectos. Entre las preguntas que deberán responderse en el pliego están: ¿qué mecanismos habrá para auditar el cumplimiento de pagos por derechos de autor durante el quinquenio? ¿qué previsiones existen para la preservación de empleos y la subrogación de contratos? ¿cómo se medirá la calidad del servicio y la oferta cultural? La respuesta a esas preguntas determinará si la concesión cumple con el objetivo declarado de “gestión profesional, moderna y eficiente” o si introduce riesgos para la función social y cultural del medio público.
