La Corte Suprema presentará el lunes 30 de marzo el proyecto de reglamento para la selección de magistrados en un acto público al que asistirán los tres ministros, aunque la acordada que contiene la propuesta fue firmada sólo por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y no por Horacio Rosatti, según informó La Nación. La convocatoria formal fija la presentación para las 16.30 en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia y la iniciativa será luego enviada al Consejo de la Magistratura.

¿Qué propone el reglamento?

La iniciativa plantea concursos anticipados, bancas de preguntas en formato multiple choice y una reducción del peso de la entrevista personal al 10% del puntaje total, de acuerdo con La Nación. El texto prevé además un doble examen con anonimato reforzado: uno de corrección automatizada como filtro técnico y otro práctico para evaluar resolución de casos y redacción de sentencias, según la misma fuente. También impulsa la digitalización del proceso y la creación de un legajo único auditable para cada postulante, medidas que buscan dotar de trazabilidad a las evaluaciones.

La propuesta, tal como fue difundida por La Nación, pretende sustituir valoraciones subjetivas por métricas verificables y un sistema de evaluación tabulado que pondera formación académica, promedios universitarios, experiencia profesional y trayectoria judicial. Según el mismo reporte, la acordada fue firmada el miércoles anterior y la presentación formal se fijó para el 30 de marzo.

¿Por qué generó rumores de división interna?

Que Rosatti no haya estampado su firma alimentó versiones sobre diferencias internas, pero fuentes del tribunal explicaron que la omisión obedece a razones formales por su doble rol como presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, según La Nación. El gesto, real o interpretado, alcanzó al Congreso y al propio Consejo, por lo que la Corte optó por mostrar a los tres ministros juntos en el acto para desactivar especulaciones.

El texto llega al Consejo de la Magistratura el 1° de abril, donde ya existen 14 proyectos alternativos que se vienen discutiendo desde hace un año y medio, según indicaron consejeros citados por La Nación. Ese dato —14 propuestas en 18 meses— explica por qué la adopción del reglamento tiene un camino incierto: el Consejo no está obligado a acoger la sugerencia del Tribunal y su composición interna puede modificar sustancialmente el resultado.

¿Qué impacto práctico puede tener y qué debe verificarse?

Si se implementara tal cual, el reglamento reduciría la discrecionalidad política al desplazar peso desde la entrevista hacia pruebas objetivas y automatizadas, y al convocar concursos antes de que se produzcan vacantes, medida que busca mitigar la influencia del contexto político, según La Nación. Pero el alcance real dependerá de la instrumentación y de la voluntad del Consejo: la acordada no es vinculante y será sometida a debate en el plenario del organismo.

A la espera del tratamiento, mantenemos cautela. Exigimos la publicación y verificación documental del texto completo de la acordada, sus anexos y del banco de preguntas propuesto antes de sacar conclusiones sobre su alcance político o judicial. Es necesario conocer los criterios de ponderación exactos, los algoritmos de corrección automatizada y las reglas de anonimato para evaluar si las medidas efectivamente reducen arbitrariedades o generan nuevas opacidades. Resta ver si, una vez publicado el texto, el Consejo lo incorpora y con qué modificaciones.

Osvaldo Santini