La Iglesia anunció que el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, celebrará la misa central del Jueves Santo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Mendoza para visibilizar la crisis que afecta a las instituciones que atienden a personas con discapacidad, y para reclamar la regularización de pagos estatales que, según la Obra Don Orione, no se han regularizado desde finales de 2025.

¿Qué dice el sector y qué datos aporta la propia institución?

La Obra Don Orione —con presencia nacional y dedicada a la atención de personas con discapacidad desde hace 90 años, según La Nación— describió una “quiebra en la cadena de pagos” y afirmó que no recibe regularizaciones de compromisos estatales desde finales de 2025. La entidad señaló que asiste a 1.200 personas en todo el país, y que durante gran parte del último año operó con valores congelados, absorbiendo una inflación acumulada superior al 30% sin compensación inmediata, según el comunicado reproducido por La Nación. Además de sus cifras, la institución atribuye la crisis a la combinación de aranceles fijados por el Estado que se actualizan tarde y por debajo de la inflación y a demoras en transferencias. Estos datos provienen de la Obra Don Orione y fueron consignados por La Nación el 31/3/2026.

¿Qué exige la Iglesia y qué implicaciones legales menciona?

El gesto pastoral de monseñor Colombo retoma una práctica de celebraciones en ámbitos de vulnerabilidad y apunta a reclamar “la necesidad de garantizar derechos básicos”, según la Conferencia Episcopal citada por La Nación. La Iglesia y la Obra Don Orione sostienen que cuando el financiamiento falla se vulnera la ley 24.901, sancionada en 1997, y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que la entidad recuerda tiene jerarquía constitucional. La Obra Don Orione proclamó que ‘no pedimos un favor, ni una donación: pedimos el cumplimiento de la ley’, frase publicada por La Nación. Desde el punto de vista legal, las normas citadas establecen prestaciones básicas y obligaciones estatales; sin embargo, antes de evaluar consecuencias políticas o judiciales resulta imprescindible la publicación y verificación documental de los cronogramas de pago, las resoluciones administrativas y los cálculos oficiales que respalden o desmientan las demoras denunciadas.

Consecuencias prácticas y qué pasos deberían documentarse

La continuidad de servicios para 1.200 usuarios, según la Obra Don Orione, es la consecuencia más inmediata que se señala en la nota de La Nación. Si los compromisos se mantienen sin regularizar desde finales de 2025 hasta marzo de 2026, el atraso supera los tres meses, lo que en términos operativos implica dificultades para afrontar gastos corrientes como salarios, medicamentos y alimentos, según la propia entidad. Las organizaciones piden un diálogo con plazos concretos y la actualización de aranceles que permita cubrir costos; la Iglesia busca visibilizar esa demanda para transformar la protesta en hechos. Nosotros mantenemos cautela: exigimos la publicación y verificación documental de los cronogramas de pago, las actas administrativas y los cálculos de las prestaciones antes de sacar conclusiones sobre alcance político o judicial. Resta que el oficialismo ofrezca documentación pública que permita contrastar las denuncias y evaluar medidas presupuestarias o administrativas con datos verificables.