La iniciativa sobre la Ley de Glaciares vuelve al centro de la agenda legislativa y, según Perfil (9/3/2026), asoma como el primer gran debate de las sesiones ordinarias. El proyecto, tal como lo describen esa y otras coberturas periodísticas, propone actualizar criterios de protección y zonificación de cuerpos glaciales frente a actividades extractivas y de infraestructura. La ley vigente es la 26.639 de 2009, según registros del Congreso de la Nación, y la discusión parlamentaria recupera tensiones que habían quedado abiertas desde su sanción. La Cámara de Senadores tiene 72 miembros y la Cámara de Diputados 257, datos oficiales del Congreso; eso condiciona plazos y quórums a la hora de avanzar en comisiones y en el recinto. Mantenemos cautela: exigimos publicación y verificación del texto final, de los dictámenes y de las actas de comisión antes de sacar conclusiones sobre el alcance de los cambios.
¿Qué propone el proyecto y qué cambia respecto de 2009?
Según la cobertura de Perfil (9/3/2026), el proyecto busca redefinir categorías de protección, establecer nuevos criterios técnicos y acotar ciertos permisos para actividades en zonas periglaciares. La ley actual, la 26.639 sancionada en 2009, fijó un marco de presupuestos mínimos de protección ambiental de glaciares y ambientes periglaciales, según el sitio oficial del Congreso. El texto en discusión —según la misma nota— incorporaría referencias a peritajes científicos y a plazos para la evaluación ambiental que no estaban explicitados en 2009. En términos formales, el trámite legislativo implicará dictámenes en comisiones temáticas y luego despacho a recinto; en el Senado, una mayoría simple sobre 72 miembros corresponde a 37 votos, según cálculos básicos del Congreso. Hasta que el texto definitivo sea publicado y los dictámenes estén disponibles, cualquier interpretación sobre alcance operativo o excepciones deberá tomarse con cautela y verificarse documentalmente.
¿Cómo impacta esto en provincias y sectores productivos?
Las provincias con territorios andinos y patagónicos suelen ser las más mencionadas cuando se debate una norma sobre glaciares; Perfil aludió a la preocupación de gobernadores y actores locales por el impacto en actividad minera y turística. Desde la perspectiva legislativa, los efectos concretos dependen de las definiciones técnicas del proyecto y de las jurisdicciones que se establezcan en los dictámenes. En términos de procedimiento, la discusión también atraviesa incentivos a la inversión: los actores privados reclaman certeza jurídica, mientras que organizaciones ambientales piden mayor protección basada en peritajes científicos. No hay, hasta la fecha, un listado público y definitivo de proyectos afectados ni de montos económicos vinculados al cambio normativo; por eso insistimos en la necesidad de que se publiquen los textos, las evaluaciones y las actas de las audiencias públicas antes de emitir juicios sobre empleo o inversiones.
Calendario y pasos a seguir: ¿qué puede pasar ahora?
Perfil consignó el 9/3/2026 que la iniciativa será uno de los primeros debates del año, lo que implica prisa en la agenda de comisiones del Congreso. El trámite habitual exige que los bloques soliciten dictamen en las comisiones competentes, que se realicen audiencias públicas si corresponde y que los informes técnicos acompañen el proyecto. En la práctica, el tiempo que insuma ese recorrido determinará si la iniciativa llega a discutir en recinto en las próximas semanas o si se posterga para más adelante en el período ordinario. Desde el punto de vista político, el resultado dependerá de acuerdos interbloques y del contenido final del texto; desde el técnico, de peritajes y mapas que acompañen la zonificación. Mantenemos cautela: exigimos publicación y verificación documental del texto, de los dictámenes y de las actas de comisión antes de sacar conclusiones sobre responsabilidades o efectos concretos.
