La Mesa de Enlace presentó el 10 de marzo de 2026 al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, un borrador que propone actualizar la ley de semillas de 1973 y regular el uso propio de semillas sin adherir a UPOV-91, según publicó LA NACION. El documento fue trabajado por las entidades rurales junto con CREA y Aapresid y fue entregado también al presidente del INASE, Martín Famulari. Esa reunión, realizada en el stand de la Secretaría en Expoagro, buscó anticipar una propuesta sectorial antes de un eventual envío al Congreso (LA NACION, 10/03/2026).

¿Qué propone la Mesa de Enlace?

El borrador, de acuerdo con las fuentes citadas por LA NACION, propone mantener el marco de UPOV-78 y actualizar la regulación interna para incluir reglas sobre el uso propio de semillas autógamas, como la soja. Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina, dijo que se plantea una “escala de uso propio gratuito, pero aceptando el uso propio oneroso para algunas variedades” (LA NACION). El documento, que las entidades trabajan desde noviembre de 2025 según los dirigentes, no es un proyecto definitivo sino una base para discusión técnica. La referencia a la ley de 1973 (hace 53 años) sirve como punto de partida: la norma original antecede el desarrollo de la biotecnología agrícola y, por eso, el sector reclama actualización (LA NACION, 10/03/2026).

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

El debate por la adhesión a UPOV-91 y la regulación del uso propio toca a productores, semilleros y mercados de exportación. Según LA NACION, la propuesta busca evitar que acuerdos privados deriven en inseguridad jurídica y potenciales patentes posteriores sobre vegetales. Para productores de semillas autógamas —la soja es el ejemplo citado—, la posibilidad de pagar por uso propio en determinadas variedades cambia costos de producción y relaciones contractuales con semilleras. El sector acordó avanzar en una mesa técnica para consensuar posiciones antes de cualquier tratamiento legislativo; la intención declarada es llegar con una propuesta compartida al Congreso a lo largo del año (LA NACION). En ese sentido, la medida podría afectar contratos comerciales y prácticas de multiplicación de semilla en campo, asuntos que requieren datos oficiales sobre volúmenes certificados y trazabilidad, información que aún no fue publicada por INASE según este medio.

¿Qué puntos técnicos y jurídicos quedan por definir?

Quedan abiertos varios interrogantes: cómo se definirá la “escala” de uso propio gratuito, qué variedades quedarían sujetas a pago, y cómo se evitaría el patentamiento posterior de vegetales si Argentina mantiene un marco distinto a UPOV-91. El INASE aparece en el borrador como el organismo clave para control y fiscalización; su presidente Martín Famulari participó del encuentro, según LA NACION. Además, la propuesta busca que la futura normativa sea de orden público para limitar contratos privados que, según los ruralistas, generan falta de previsibilidad. Desde la perspectiva jurídica, la comparación entre UPOV-78 y UPOV-91 (esta última de 1991) obliga a precisar consecuencias concretas en materia de derechos de obtentor, sanciones y registros administrativos, datos que deben constar en textos y dictámenes antes de cualquier conclusión.

Próximos pasos y por qué mantenemos cautela

La Secretaría de Agricultura recibió el documento y pidió días para su análisis; comprometió la apertura de una mesa técnica en los “próximos días” (LA NACION). El sector prevé avanzar con un consenso antes del eventual tratamiento de UPOV-91 en el Congreso durante 2026. Desde este medio mantenemos cautela: exigimos la publicación y verificación de los textos del borrador, las actas de la mesa técnica y cualquier dictamen oficial antes de sacar conclusiones sobre alcance y efectos. Esa prudencia incluye contrastar los pasajes que regulen uso propio, alcance de derechos de obtentor y cláusulas de orden público con los textos formales que el Estado y el INASE deban remitir. Mientras tanto, el diálogo abierto reduce incertidumbres, pero no sustituye la necesidad de documentos verificables para evaluar impactos reales en productores y en la cadena exportadora (ver también nota sobre desafíos en la continuidad de empresas familiares del agro: https://prensalibreonline.com.ar/politica/transicion-generacional-en-el-agro-desafios-para-la-continui-2026-03-10).