El presidente Javier Milei aseguró en la apertura de sesiones que la “energía barata” y la minería reemplazarán los empleos perdidos en las industrias tradicionales; el Gobierno señala 12 proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI) por un total de US$26.623 millones que, según datos oficiales, proyectan la creación de 35.600 puestos de trabajo.

¿Qué dijo Milei y qué cifras presentó?

Milei puso el foco en el desarrollo de petróleo, gas, electricidad, petroquímica, hidrógeno y data centers como motores de empleo y competitividad. En su discurso aseguró una mejora económica “superior al 10%” en los últimos dos años, según sus palabras, y afirmó que esas nuevas industrias “suplirán con creces” la demanda de trabajo retirada por las viejas actividades. Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), elaborado por la Secretaría de Trabajo, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 la economía perdió netamente 192.400 puestos de trabajo asalariado privado; si se suma la caída del empleo público, la reducción total de asalariados registrados supera los 270.000, de acuerdo con los registros citados por la fuente periodística.

¿Los proyectos del RIGI alcanzan para reemplazar las pérdidas?

El paquete de 12 proyectos en el RIGI implica, según datos oficiales citados por la nota, desembolsos por US$26.623 millones y una proyección de 35.600 puestos. Esa cifra es significativamente menor que la contracción registrada en la industria formal: la Unión Industrial Argentina (UIA) consignó la pérdida de 65.000 empleos en el sector en los últimos dos años. Como referencia concreta, la inversión anunciada por la empresa Vicuña en San Juan por US$18.000 millones proyecta 12.000 trabajadores directos en el pico de construcción y en operación 5.000 puestos directos y 19.000 indirectos, según la propia descripción del proyecto. La comparación muestra que la suma de anuncios y proyectos no se traduce automáticamente en cobertura inmediata de vacantes formales perdidas.

¿Qué dicen los datos sectoriales y qué falta demostrar?

Los datos aportados por especialistas describen una dinámica de crecimiento de la actividad que no siempre se traduce en empleo. El investigador Luis Campos señaló que entre 2024 y 2025 el agro creció 41% pero el empleo aumentó solo 1,8%; minas y canteras subieron 16% y sin embargo el empleo en petróleo, gas y minería cayó 3,3%; y la actividad financiera subió 18,7% mientras que el empleo retrocedió 2% (datos citados por la nota). Por su parte, el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma reportó que la industria retrocedió 8% y perdió 3,2% de puestos formales, y la construcción mostró una caída de actividad del 14% con una baja del empleo formal del 17,6% en el mismo periodo. Esos números subrayan dos puntos: la creencia en que la inversión minera o energética “automáticamente” recompone el empleo formal necesita demostración empírica y temporalidad; y los proyectos de inversión tienen perfiles distintos entre fases de construcción (alta demanda laboral) y operación (menor mano de obra). En ese marco, mantenemos cautela: las proyecciones oficiales requieren trazabilidad —plazos de ejecución, contratos laborales, contenido local y programas de formación— antes de aceptar que las nuevas industrias compensarán las pérdidas observadas.

Qué observar en los próximos meses

Para evaluar si la apuesta del Gobierno se traduce en empleo real habrá que seguir indicadores concretos: cumplimiento de desembolsos del RIGI, cronogramas de obra, listados de contrataciones por proyecto, tasa de empleo registrado sectorial y evolución del salario promedio. También será relevante la capacitación técnica y las políticas activas de empleo que acompañen las inversiones. Hasta disponer de esos comprobantes documentales, podemos consignar las proyecciones oficiales y las pérdidas registradas, pero no afirmar que exista sustitución automática de puestos. Mantendremos cautela y atribución de responsabilidades: lo que se dijo en el Congreso es una intención con cifras oficiales asociadas; la prueba estará en la ejecución y en sus impactos reales sobre el empleo formal.