El 26 de febrero de 2026, Página|12 publicó que el presidente decidió excluir a los periodistas acreditados del Congreso de la cobertura de la Apertura de Sesiones, según la nota citada. La medida, comunicada por la presidencia del acto según el mismo medio, se suma a una secuencia de hechos y comunicaciones públicas que ocurren entre el 26 y el 27 de febrero de 2026.
Qué ocurrió y cómo se comunicó
Según Página|12 (26/02/2026), la organización del acto informó que la cobertura se limitaría a medios seleccionados por la Casa de Gobierno y que los acreditados por el Congreso quedarían fuera del recinto. La nota no incluye un número preciso de afectados ni una cita textual de la orden administrativa; la fuente original refiere la decisión como una instrucción de logística del evento. En menos de 48 horas hubo además reportes de incidentes en las inmediaciones del Congreso, publicados el 27/02/2026 por este medio y otros, que complejizan la escena informativa.
Fuentes oficiales consultadas para esta nota no ofrecieron un comunicado público con la fundamentación jurídica ni el texto de la norma que habilita la exclusión. Por ese motivo la información difundida hasta ahora es parcial y proviene principalmente de medios que cubrieron la noticia en la mañana del 26 y la jornada siguiente.
¿Qué implica esto para la cobertura y la libertad de prensa?
La exclusión de acreditados del recinto plantea dos preguntas concretas: quién decide los criterios de acceso y bajo qué normativa se actúa. En la jornada siguiente al anuncio hubo incidentes frente al Congreso y detenciones, entre ellas la de un camarógrafo, según la cobertura del 27/02/2026 en Prensa Libre Online. Esos hechos muestran que la situación no es sólo un cambio de protocolo, sino que afecta directamente la posibilidad de los equipos de prensa de operar en el lugar.
La limitación de acceso puede tener efectos prácticos sobre la rendición pública y la transparencia de un acto institucional. Para evaluar el alcance jurídico y constitucional de la medida será necesario conocer el texto de la instrucción, su fundamento legal y si existe una resolución administrativa del Congreso o de la Casa Militar que la respalde. Sin esos documentos cualquier valoración resulta incompleta.
Reacciones, próximos pasos y la postura editorial
A la fecha hay publicaciones y sucesos concentrados entre el 26 y 27 de febrero de 2026 que marcan la agenda informativa inmediata. Este medio registró cinco comunicaciones internas públicas y editoriales entre el 27 y 28 de febrero que llamaron a prudencia ante decisiones que afectan derechos e instituciones. Las fuerzas políticas y organizaciones de prensa comenzaron a reclamar clarificaciones y el acceso a los textos administrativos que motiven la medida.
Nuestra postura se mantiene en los términos ya expresados: se mantiene cautela hasta contar con el texto final, su reglamentación y los informes de impacto institucional y en derechos. Solo con esos documentos será posible evaluar alcance, legalidad y consecuencias prácticas. Resta definir si la Casa de Gobierno o la Presidencia del acto publicarán la normativa y en qué plazo; igualmente corresponderá conocer la posición oficial del Congreso y eventuales medidas de los organismos de defensa de la libertad de prensa. Para contexto sobre episodios recientes en torno al Congreso puede consultarse la cobertura previa sobre agresiones y detenciones publicadas por este medio.
