El presidente Javier Milei promulgó el 27 de febrero de 2026 la ley que ratifica la adhesión de la Argentina al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, según informó El Mundo. La promulgación convierte en norma nacional la aprobación que había dado el Congreso, pero no invalida las preguntas sobre reglamentación, plazos de entrada en vigor y efectos concretos sobre aranceles y normas sectoriales.

¿Qué ratificó el Ejecutivo?

La ley promulgada certifica la decisión de la Argentina de adherir al acuerdo marco entre el Mercosur y la Unión Europea, cuyo texto se negoció y quedó acordado en principio el 28 de junio de 2019, según la Comisión Europea. Mercosur fue creado por el Tratado de Asunción de 1991 y está compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, de acuerdo con la institucionalidad del bloque. La norma sancionada ahora en el país dice que la Argentina acepta los compromisos negociados en ese marco, pero la aplicación práctica depende de una serie de actos reglamentarios y de coordinaciones intrabloque. Desde 2019 hasta la promulgación en 2026 transcurrieron siete años en los que la implementación quedó postergada por discusiones internas y por la necesidad de acuerdos adicionales entre los países miembros.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

El alcance económico real depende de detalles técnicos que no están en la sola promulgación: calendarios de desgravación arancelaria, salvaguardas sectoriales y normas sanitarias y fitosanitarias. Sin el texto reglamentario no se puede precisar cuándo y cómo se reducirán aranceles ni qué sectores quedarán expuestos de inmediato. El oficialismo sostiene que una apertura ordenada aumentará exportaciones y atraerá inversión extranjera; fuentes del oficialismo señalaron que la norma busca generar predictibilidad para el comercio exterior. Por su parte, legisladores y sectores productivos consultados advierten sobre riesgos para industrias sensibles y empleos locales en ausencia de medidas de acompañamiento. La comparación temporal permite ver que han pasado siete años desde el acuerdo de 2019, lo que muestra que la ratificación nacional es un paso dentro de un proceso largo y fragmentado.

¿Qué sigue y por qué mantenemos cautela?

Resta definir la reglamentación de la ley a nivel nacional, las reglas de aplicación dentro del Mercosur y la ratificación por parte de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, requisito que la Comisión Europea recuerda como necesario para la plena entrada en vigor. También son necesarios informes de impacto: institucional, sobre derechos y sobre seguridad regulatoria. En ese sentido, mantenemos cautela hasta contar con el texto final de la reglamentación y los estudios de impacto solicitados por distintos actores legislativos. La coyuntura política interna —marcada por protestas y tensiones alrededor del Congreso en los últimos días— agrega un componente de incertidumbre sobre tiempos y acompañamiento social; en ese marco, véase cobertura previa sobre incidentes en el Congreso y reclamos sociales Activistas saltaron la reja del Congreso; hay detenidos, incluido un camarógrafo de A24 y Milei calificó de ‘terrorista’ a un camarógrafo agredido frente al Congreso. Hasta que no estén disponibles el reglamento y los estudios de impacto, no es posible estimar con precisión efectos sectoriales ni calendarios de adaptación.