Mauricio Gaspar Novelli pidió la nulidad del peritaje realizado sobre su teléfono celular y reclamó un contraperitaje independiente ante la Justicia, según un escrito de casi 40 páginas presentado el 26/3/2026, informó La Nación. El pedido fue dirigido contra el informe elaborado por peritos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) que ordenó el fiscal Eduardo Taiano; la pericia alimentó revelaciones sobre la presunta estafa vinculada al token $LIBRA.
¿Qué solicita la defensa y en qué se apoya?
La defensa, a cargo del abogado Daniel Rubinovich, pide ‘la nulidad absoluta’ del peritaje y exige una auditoría técnica integral a cargo de un organismo distinto a Datip, según el escrito citado por La Nación. El reclamo se funda en la resolución administrativa PER 171/2026 de la Procuración General de la Nación, que admitió accesos indebidos por personal de Datip a archivos periciales y abrió un sumario administrativo. El escrito sostiene que hubo ‘accesos clandestinos’ y filtraciones a la prensa entre diciembre de 2025 y enero de 2026. En concreto, el material extraído ascendió a 812,72 gigabytes de información y, siempre según el documento de la defensa, los peritos incluyeron 7.900 páginas de conversaciones entre hermanos y 1.716 páginas de mensajes con su padre, muchos de ellos de hace más de siete años. Para la defensa, esos accesos y la amplitud del análisis rompen la cadena de custodia y vician la prueba.
¿Qué reveló el peritaje y cómo lo justifican los fiscales?
Fuentes del caso explicaron a La Nación que el peritaje permitió reconstruir llamadas y diálogos entre Novelli, Javier Milei y Karina Milei en momentos críticos del lanzamiento y colapso del token $LIBRA. El informe original, según esas mismas fuentes, fue preservado con un ‘hash’ que certifica la integridad de los archivos: si se modifica un documento, cambian sus huellas digitales. Ese argumento técnico es la contracara del reclamo de la defensa: aunque se confirmó que hubo una filtración del material cuando estaba en poder de Datip, las fuentes del Ministerio Público Fiscal sostienen que el documento que figura en el expediente es el mismo que analizaron los peritos. El calendario importa: la filtración de material se registró entre diciembre de 2025 y enero de 2026, mientras que la presentación de Novelli llegó el 26 de marzo de 2026, lo que deja margen para decidir medidas probatorias adicionales.
Consecuencias procesales y políticas: ¿qué puede pasar ahora?
El planteo de nulidad abre varias rutas procesales: el juez podría aceptar la nulidad parcial o total del peritaje, ordenar un contraperitaje independiente o confirmar la validez del informe original si estima que la cadena de custodia se mantuvo. La Procuración ya impulsó medidas internas: hubo aislamiento de equipos y denuncias penales contra el personal involucrado, según PER 171/2026 y la nota de La Nación. En el plano político, el reclamo coincide con visiones expresadas por el Ejecutivo, incluida una declaración del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que cuestionó la pericia. Nosotros mantenemos cautela: exigimos la publicación y verificación documental del peritaje, sus anexos y el informe de la investigación interna antes de sacar conclusiones sobre responsabilidades políticas o judiciales. Hasta tanto esos documentos estén a la vista del público o de las partes, las decisiones sobre nulidad o nuevas pericias deben evaluarse con pruebas técnicas y atribuciones claras.
La causa sigue en desarrollo; resta definir si el juzgado acepta el pedido de Novelli y qué organismo, en su caso, realizará la auditoría requerida. Mientras tanto, los hechos concretos disponibles en el expediente y la resolución PER 171/2026 son los puntos de partida para cualquier decisión judicial ulterior, no las especulaciones públicas.
