Hay un pico real de infecciones de transmisión sexual que no se percibe porque los números oficiales subestiman la situación: según datos del Ministerio de Salud, en los últimos dos meses se registraron 4.300 casos de sífilis más, un aumento del 110% respecto al mismo intervalo entre 2021 y 2025. Vemos la misma señal desde la acción comunitaria: AHF reporta un aumento del 50% en detección de sífilis en sus sedes y 10.000 consultas relacionadas el año pasado en Ciudad de Buenos Aires. Ese choque entre cifras y vida real es el centro del problema.
¿Qué muestran los datos y por qué importa el subregistro?
Los números disponibles ya pintan una tendencia preocupante y ofrecen comparaciones temporales que no pueden ignorarse. Según AHF, su sede porteña hizo 40 tests por día y detectó 80 nuevos casos de VIH en 2025, mientras que Rosario registró más de 6.000 consultas en el año y realiza unos 25 testeos diarios; en sus centros la detección de sífilis subió 50% interanual y las reinfecciones representan 20% de los positivos, datos citados por su director científico, Miguel Pedrola. Por su parte, el Ministerio de Salud informó que el promedio anual de notificaciones de VIH fue de 6.900 casos (informes 2023-2024) y que la vía de transmisión sexual representa 99% en varones y 98% en mujeres. Estas cifras muestran no solo aumento, sino el atraso en detección: AHF advierte que casi la mitad de los diagnósticos de VIH llegan con recuentos de CD4 que indican infección de años, lo que confirma diagnósticos tardíos y pérdidas de oportunidad para prevención.
¿Por qué no aparece esto en las estadísticas que conocemos?
El detalle que lo cambia todo es el subregistro operacional: muchas ITS se tratan en guardias y no se cargan en sistemas de notificación, y la oferta de testeos fuera de centros hospitalarios es insuficiente. Según Pedrola y el trabajo de AHF en territorio, la organización accede a poblaciones que el sistema formal no alcanza —trabajadoras sexuales, personas que consumen drogas, comunidades indígenas— y en intervenciones combinadas (test VIH + sífilis) aumentaron la aceptación del 20% al 80%. Además, hay variabilidad provincial en la colaboración entre ONG y gobiernos; con algunas jurisdicciones hay “muy buen” trabajo, con otras, nulo. A esto se suma una política de prevención poco visible: AHF denuncia ausencia de campañas masivas, escasa distribución pública de preservativos y acceso limitado a pruebas rápidas en espacios comunitarios, lo que hace que la epidemia avance fuera del radar institucional.
Qué exigir: datos públicos, pruebas accesibles y educación sexual integral
La respuesta no puede ser solo clínica; requiere transparencia en datos y políticas públicas diseñadas con evidencia. Exigimos que los datos sean públicos, interoperables y evaluables entre niveles de gobierno y actores comunitarios, para medir subregistro y focalizar intervenciones (prueba del Ministerio de Salud vs. registros de ONG). Hace falta ampliar los puntos de testeo en plazas y espacios comunitarios, integrar el cribado de ITS con pruebas rápidas de VIH para detectar temprano y ofrecer tratamiento en el mismo turno —en AHF el recuento de CD4 se procesa en 20 minutos y la carga viral en una hora— y volver a una política de provisión masiva de preservativos fuera de los hospitales. En términos de educación, insistimos: la información no alcanza sin educación sexual integral desde la escuela para cambiar prácticas. Si no se articulan datos, pruebas y educación, las cifras que vemos hoy —4.300 casos adicionales de sífilis y aumentos de 50% en detecciones locales— serán apenas la punta de un problema mayor.
