La Cámara Santafesina de Energías Renovables y la Cámara Panamericana de Biocombustibles (Capba) pidieron a la Secretaría de Energía activar el artículo 16 de la Ley 27.640 para elevar el corte obligatorio de biodiésel en gasoil del 7,5% al 20%, argumentando que así se podrían sustituir importaciones y bajar el precio en surtidor. Según La Nación, las entidades señalan que el gasoil importado ronda los $1.850 por litro mientras que el biodiésel local cotiza cerca de $1.630 por litro, una diferencia de más de $220 por litro. Además, el Boletín Oficial fijó el precio de referencia del biodiésel para mezcla en $1.808.690 por tonelada para abril de 2026.
¿Qué propone exactamente y por qué?
El planteo formal es claro: pasar del corte mandatorio actual de 7,5% a un esquema con 20% de biodiésel, donde las pymes aportarían un 10% inmediato y las empresas integradas otro 10%, apoyándose en el artículo 16 de la Ley 27.640 (vigente desde 2021) que habilita a la autoridad a sustituir importaciones cuando las condiciones de mercado lo permitan. El argumento central es económico y operativo: evitar salida de divisas, industrializar materias primas nacionales y fomentar empleo. En números: cortes vigentes 12% para bioetanol en naftas y 7,5% para biodiésel en gasoil; el gobierno abrió la posibilidad voluntaria hasta 15% en etanol y 20% en biodiésel, pero las cámaras piden que eso pase a obligatorio para bajar precios.
¿Cómo impacta esto en el mercado y en tu bolsillo?
Vemos dos efectos directos y cuantificables si se asume que la diferencia de precios se mantiene. Con una brecha de aproximadamente $220 por litro entre gasoil importado y biodiésel local (según La Nación), cada punto porcentual de mezcla equivale a reemplazar 0,01 litros en cada litro de combustible: eso implica un ahorro teórico de ~ $2,2 por litro por punto porcentual. En la práctica, un salto de 10 puntos reduciría el precio efectivo del gasoil en cerca de $22 por litro; 20 puntos, en torno a $44 por litro, siempre sujeto a que los precios relativos no cambien. Para comercios y transportistas —los que más consumen— esa reducción puede ser significativa en la cuenta de combustible mensual. Desde la lente del comerciante, menor costo de flete puede aliviar márgenes; desde la lente macro, menos importaciones reducen presión sobre reservas externas.
¿Puede aplicarse ya y qué riesgos debemos considerar?
Las cámaras aseguran tener capacidad ociosa para responder a la demanda mayor, pero la implementación efectiva exige controles: auditoría de calidad del biodiésel, trazabilidad de mezcla, logística de distribución y cláusulas contractuales con las petroleras. Técnicamente, el tope de mezcla hoy señalado por las empresas es 20%; en bioetanol Brasil ya opera con cortes superiores (la nota menciona 30% en algunos casos), lo que muestra margen técnico internacional. Sin embargo, hay riesgos: variaciones de precios internacionales pueden invertirse; las petroleras pueden priorizar otras operaciones comerciales; y la política de mezcla debe monitorearse para evitar efectos adversos en reservas o subsidios encubiertos. Nosotros apoyamos que se activen herramientas para reducir salidas de divisas, pero exigimos transparencia en precios, controles y coordinación con una estrategia macro que preserve reservas y un ancla creíble.
En resumen: la propuesta tiene lógica económica para recortar importaciones y bajar costos puntuales en surtidor, y cuenta con respaldo normativo en la Ley 27.640; su impacto dependerá de la capacidad real de producción, de cómo evolucionen los precios internacionales y de la precisión de la implementación y la fiscalización. En números y con reglas claras se puede medir si efectivamente baja lo que pagamos en la estación de servicio y cuánto contribuye a aliviar la fragilidad externa.
