Dos aeropuertos de la costa oeste de Florida, Sarasota y Punta Gorda, mantienen hoy flujos de pasajeros sin las largas filas que afectan a muchas otras terminales de Estados Unidos gracias al uso del Screening Partnership, el programa federal que permite controles de seguridad a través de empresas contratadas. El dato concreto: más de 400 trabajadores de la TSA presentaron su renuncia desde que empezó el cierre del gobierno el 14 de febrero, y muchos aeropuertos que dependen solo de personal federal muestran demoras importantes mientras Sarasota y Punta Gorda no las registran (LA NACION, 26/3/2026).
¿Por qué funcionó el Screening Partnership aquí?
El detalle que lo cambia todo es simple: estos aeropuertos ya trabajaban con personal privado antes del cierre y por eso pudieron sostener los puestos de control cuando faltó personal federal. El Screening Partnership fue lanzado en 2004 y, según la propia TSA, permite que contratistas autorizados realicen las tareas de seguridad bajo la supervisión de la agencia (TSA.gov). En la práctica esto significó que empleados pagados por empresas privadas siguieron cobrando y trabajando, lo que evitó las escenas de caos que se vieron en aeropuertos grandes. Las autoridades locales citadas por Naples Daily News y reproducidas en LA NACION destacan que el programa mantuvo tiempos normales de espera en plena temporada alta turística en la costa oeste de Florida. Comparación temporal: lanzado en 2004 versus la presión que sufre la TSA en 2026, el programa deja ver una solución operativa que ahora entra al debate público.
Riesgos, condiciones laborales y rendición de cuentas
Cambiar colas por contratos no es neutro. Si bien la presencia de privados redujo demoras, también externaliza salarios, supervisión y responsabilidad operativa. La noticia señala que estos empleados cobran de las empresas y no del gobierno, pero no entra en detalles sobre salarios, beneficios o estabilidad laboral; son preguntas que importan cuando más de 400 agentes federales renuncian y casi la mitad de ellos tenía más de tres años de experiencia (LA NACION, 26/3/2026). Además, durante el cierre la administración desplegó agentes de ICE en aeropuertos para ordenar el tránsito, una medida que mezcla tareas de migraciones con seguridad privada y federal. Eso pone sobre la mesa la necesidad de datos: cuántos agentes privados trabajan por aeropuerto, cuánto cobran, qué estándares de formación siguen y cómo se supervisa su actuación. Sin esos números no hay forma de evaluar si la solución es sostenible ni si respeta derechos laborales ni garantías de los pasajeros.
¿Qué implica esto para los pasajeros y para la gobernanza?
Para quien viaja la ganancia es clara: menos espera y menos incertidumbre. Pero para la sociedad la pregunta es otra: queremos sistemas de seguridad que dependan de contratos opacos o preferimos transparencia pública sobre quién hace qué en cada puesto de control. Exigimos datos abiertos sobre contratos, montos, condiciones laborales y supervisión, y transparencia sobre despliegues de fuerzas federales como ICE en aeropuertos, tal como ya planteamos en notas anteriores relacionadas con la presencia de fuerzas en espacios civiles. Sin esa información no puede evaluarse el impacto en derechos, en eficacia operativa ni en costos fiscales indirectos.
¿Puede ocurrir algo similar en Argentina y qué deberíamos exigir?
Si se considera replicar esquemas de participación privada en controles aeroportuarios, lo mínimo que pedimos es un paquete deDatos Públicos. Eso incluye la lista de aeropuertos que pueden optar al programa, contratos tipos, montos pagados, indicadores de tiempos de espera antes y después de la intervención y auditorías independientes sobre capacitación y uso de la fuerza. También hay que considerar el tejido laboral local: en Estados Unidos la decisión se toma en un mercado con regulaciones y sindicatos distintos; en Argentina conviene evaluar impactos sobre empleo, condiciones y fiscalidad. En definitiva, el caso de Sarasota y Punta Gorda muestra una solución operativa ante una crisis puntual, pero no disuelve la necesidad de reglas claras y datos abiertos. Sin esos elementos cualquier privatización corre el riesgo de resolver una fila hoy y crear problemas invisibles mañana.
