El gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentó cruzar a pie desde Colombia a Venezuela, fue anunciado como liberado y, según su esposa, está volando de regreso a la Argentina. La familia difundió la información en redes y un avión identificado con la empresa Baires Fly quedó señalado como el transporte implicado. Por ahora no existe un comunicado oficial del Estado argentino que detalle la cadena completa de traslado, ni documentación pública sobre el vuelo.

¿Qué confirmó la familia y qué pruebas públicas existen?

La esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, publicó en la red X que había hablado con él y que “ya está volando hacia la Argentina”; ese mensaje, según La Nación, fue uno de los primeros en trascender. Videos grabados cerca de la prisión de El Rodeo I mostraron a reclusos coreando noticias sobre una liberación; las imágenes circularon ampliamente en redes sociales y fueron retomadas por agencias como AP. La nota de La Nación señala que Gallo llevaba 448 días detenido y que había permanecido incomunicado hasta una llamada registrada 445 días después de su detención. Estos tres datos —fecha de detención, 445 días de incomunicación y 448 días de detención total— proceden de reportes citados por medios y la familia.

¿Cómo llegó a la Argentina y quién viajó con él?

Según reportes periodísticos, el vuelo que vinculó a Gallo con la Argentina fue operado por una aeronave de la firma privada Baires Fly que partió de la Argentina la noche del sábado previo a la publicación de la noticia y arribó a Caracas. La Nación y la propia AFA indicaron que la empresa está asociada a Claudio “Chiqui” Tapia; la AFA difundió un comunicado expresando agradecimiento a la presidenta de la Asamblea venezolana, Delcy Rodríguez, y a la Federación Venezolana de Fútbol por facilitar contactos que permitieron el acercamiento. La AFA también afirmó que dirigentes del fútbol argentino viajaron en esa aeronave. Fuentes judiciales consultadas por La Nación mencionaron que Tapia había pedido viajar a Venezuela pero que la Justicia había rechazado ese pedido en el marco de una investigación por presuntos movimientos de dinero. Hasta no recibir registros oficiales de vuelo y actas migratorias, esta reconstrucción se basa en versiones de prensa y en comunicados institucionales.

Contexto: excarcelaciones y números sobre presos políticos

La liberación de Gallo se produce en un momento de cambios en el escenario venezolano. La Agencia AP y otros medios consignaron que, tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro a raíz de una intervención externa y su detención, el Estado venezolano inició excarcelaciones de presos políticos y extranjeros. El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, afirmó que había “grandes expectativas” de liberaciones y, de acuerdo con ese organismo, al 5 de enero de 2026 permanecían 806 personas catalogadas como “presos políticos” en cárceles venezolanas. Además, la crónica reportó que Gallo participó, junto a unos 200 detenidos más, en una huelga de hambre. Para dimensionar, los 448 días de detención equivalen a más de 14 meses, es decir, una duración sustancialmente superior a un año calendario completo.

Consecuencias prácticas y qué sigue: diplomacia, derechos y verificación

A corto plazo, la prioridad es la verificación formal del arribo y del estado de salud de Gallo por parte de autoridades argentinas y del propio interesado. Mantenemos cautela hasta contar con confirmación oficial sobre registros migratorios, el manifiesto de vuelo y la documentación que respalde el traslado, y hasta revisar informes sobre condiciones de detención y recepción consular. En términos diplomáticos, esta liberación puede leerse como parte de un proceso más amplio de excarcelaciones que incluye a extranjeros; su repercusión dependerrá de cómo se articulen las pruebas documentales y de si la Argentina exige transparencia sobre las gestiones realizadas. En el plano de derechos humanos, organismos internacionales y ONG continuarán reclamando información sobre el resto de las personas detenidas; según Foro Penal había 806 casos pendientes al 5 de enero de 2026. Resta definir si habrá comunicados oficiales que confirmen la cadena logística completa y si se solicitarán informes de impacto institucional y en derechos, tal como exigimos en posiciones previas.