El Senado provincial de Santa Fe aprobó un proyecto de ley que prohíbe la actividad de los llamados cuidacoches, limpiavidrios o ‘trapitos’ en todo el territorio provincial; la iniciativa quedó pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados para el 9 de abril, según informó La Nación el 23 de marzo de 2026.

¿Qué cambia con la ley?

La iniciativa convertida en proyecto incorpora la tarea de cuidado o reserva de lugares de estacionamiento sin autorización al Código de Faltas provincial, lo que la tipifica como contravención y habilita sanciones administrativas, según La Nación. El texto prevé multas, trabajo comunitario e incluso arresto en casos de reincidencia, y agrava las penas cuando existen violencia, amenazas o cobros indebidos en eventos masivos. La norma faculta además a la policía a actuar de oficio, sin necesidad de denuncia previa, con el objetivo declarado de mejorar la respuesta ante hechos de extorsión vinculados a la actividad (fuente: La Nación, 23/3/2026). La discusión parlamentaria provincial se acelera: la Cámara de Diputados fijó el 9 de abril como fecha para el tratamiento, lo que marca un plazo concreto para que los intendentes y concejos municipales ajusten ordenanzas locales.

¿Cómo impacta esto en la seguridad y el espacio público?

Quienes impulsan la norma lo presentan como una herramienta para recuperar el espacio público y reducir situaciones de extorsión. En el proyecto se menciona que usuarios en torno a espectáculos pagan actualmente entre 30.000 y 40.000 pesos para dejar un auto en un radio aproximado de 15 cuadras del evento (dato: La Nación). El argumento oficial remite al ‘orden en la calle’ y a la necesidad de un marco provincial unificado frente a ordenanzas municipales que, en su opinión, resultaban insuficientes por falta de herramientas sancionatorias. El antecedente temporal es la propia ciudad de Santa Fe: desde mayo de 2024 la actividad está prohibida a nivel municipal, según publicó La Nación, y la propuesta provincial plantea ahora ampliar ese criterio a los casi dos años transcurridos desde aquella medida. Para evaluar el impacto real hará falta conocer la magnitud de las sanciones aplicadas, los protocolos policiales y los registros de actuaciones, datos que aún no fueron publicados en detalle por la gobernación.

¿Qué dicen los cuidacoches y qué vías legales manejan?

Los cuidacoches y limpiavidrios, por su parte, buscan reconocimiento colectivo: el Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública de Rosario anunció que el área legal prepara un recurso de amparo para habilitar la organización y la actividad, según declaraciones de Matías Valdes citadas por La Nación. El sindicato intentó posponer la asamblea constitutiva en Rosario para privilegiar un diálogo con autoridades municipales. Ese planteo introduce un conflicto jurídico y laboral: la prohibición contrasta con reclamos de regularización mediante registros y credenciales, que algunas ordenanzas municipales —como la derogada ordenanza Nº 12.635 en la ciudad de Santa Fe— habían intentado resolver. La tensión política y legal exige documentación: es necesario que se publiquen los instrumentos normativos, anexos y protocolos para verificar cómo se implementará la prohibición y qué derechos se reconocen o restringen.

En cierre, mantenemos cautela: exigimos publicación y verificación documental de actas, reglamentos, protocolos policiales y criterios sancionatorios antes de evaluar su eficacia y responsabilidades políticas. La votación en el Senado y la fecha en Diputados fijan un calendario; la implementación operativa dependerá de los municipios, de la fiscalización y de las decisiones judiciales que puedan presentarse. Osvaldo Santini