La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba anunció el Segundo Congreso Nacional de Estudios Interdisciplinares sobre Diversidad y Disidencias Sexuales y de Género, convocado el 20 de marzo de 2026 (Facultad de Ciencias Sociales - UNC, 20/03/2026). Vemos una decisión institucional con potencial: la universidad puede ser un espacio para debate informado o para rituales simbólicos. El dato central es sencillo y numérico: es la segunda edición del congreso, lo que obliga a preguntarse qué aprendimos desde la primera convocatoria y cómo se traducen esos aprendizajes en políticas públicas y herramientas de trabajo para instituciones y organizaciones civiles.
¿Qué propone este congreso y por qué importa?
La relevancia del congreso no está sólo en su título sino en su capacidad para articular investigación, formación y política pública. La agenda académica sobre género en Argentina se apoya en marcos legales vigentes, entre ellos la Ley 26.743 de Identidad de Género sancionada en 2012 y la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral sancionada en 2006 (Boletín Oficial, 2012 y 2006). Esos marcos fijan derechos y obligaciones, pero no resuelven todas las tensiones prácticas: la implementación escolar, el acceso sanitario y la estadística pública siguen requiriendo datos desagregados por sexo, identidad y orientación. Si la UNC convoca investigadores, activistas y gestores, el congreso puede servir para identificar lagunas empíricas y proponer protocolos medibles; si se queda en enunciados generales, será un ejercicio simbólico sin impacto operativo.
¿Cómo evitar que sea un gesto performativo?
Nuestra posición editorial es clara: priorizar el gesto sobre la evidencia es una trampa que ya señalamos en notas previas sobre gestos institucionales. Exigimos que la convocatoria incluya agendas con datos abiertos, metodologías y resultados verificables, accesibles para la sociedad civil y la prensa. Un síntoma del problema es la desconfianza pública; por ejemplo, la percepción de confianza en las instituciones se había desplomado en nuestras propias mediciones recientes (PrensaLibreOnline, “La confianza en el Gobierno baja por cuarto mes”, 24/03/2026, 2,30 puntos), lo que obliga a transparencia extra. Para no repetir la política del anuncio, el congreso debe publicar actas, bases de datos anonimizadas y protocolos de evaluación, y someter recomendaciones a consultas amplias y plazos concretos para seguimiento.
¿Qué falta para que el congreso genere políticas reales?
Hay tres exigencias prácticas que transforman un congreso en palanca de políticas: primero, datos comparables y abiertos; segundo, participación plural y trazabilidad de decisiones; tercero, indicadores de impacto con plazos. Pedimos que cada mesa o ponencia presente al menos un conjunto de datos reproducibles y un plan de implementación con metas temporales, porque los marcos legales —como la Ley 26.743 de 2012— cumplen años pero no sustituyen la evaluación continua (2012 es un hito, hoy 2026 son 14 años desde su sanción). Además, proponemos que la UNC publique quiénes financian eventos y proyectos vinculados al congreso para evitar conflictos de interés y para que las recomendaciones se puedan auditar. Si el congreso cumple esto, no sólo será una foto de apoyo sino una hoja de ruta verificable.
Cerramos con una precisión: no se trata de pedir performatividad inversa —más rituales pro-datos— sino de exigir que el simbolismo se traduzca en instrumentos útiles para escuelas, hospitales y organismos públicos. La universidad puede y debe ser un taller de políticas públicas donde se prueban y se corrigen propuestas con evidencia. Si eso sucede, el “segundo” congreso no será simplemente un número ordinal más en la agenda, sino un avance verificable; si no, será otra demostración de buenas intenciones sin consecuencias medibles.
