El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la autorización por parte del Senasa de una vacuna antiaftosa de origen brasileño importada por Tecnovax y la definió como “el fin de una batalla innecesaria” tras un proceso que, dijo, duró dos años (según La Nación, 2/3/2026). En su publicación en X el funcionario defendió el uso del procedimiento de equivalencia y responsabilizó al modelo que, sostuvo, permitió distorsiones de mercado. Al mismo tiempo negó que la acción del Ejecutivo estuviera dirigida contra Biogénesis-Bagó como empresa y citó a ese laboratorio como ejemplo de capacidad productiva: “es el 10mo productor de vacunas animales del mundo”, según la nota publicada por La Nación.

¿Qué pasó y qué autorizó el Senasa?

El hecho concreto es la aprobación del producto de Ourofino Saúde Animal mediante el procedimiento de equivalencia que utiliza Senasa para otras vacunas, según la cobertura del 2 de marzo de 2026 en La Nación. Sturzenegger apuntó que el trámite involucró rechazos previos y controles técnicos antes de la autorización; a la vez dijo que la discusión tomó “dos años”, un dato que el propio ministro repitió en su mensaje público. Para situarlo en calendario: el gobierno actual asumió el 10 de diciembre de 2023 (según comunicación oficial de la Casa Rosada), lo que permite comparar la duración del proceso con la gestión vigente. Pedimos a las autoridades competentes la publicación de las actas del proceso, los peritajes técnicos y la resolución administrativa que respaldó la equivalencia, documentos que son necesarios para evaluar la solidez técnica de la decisión.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

El gobierno espera que la incorporación del producto reduzca el costo de la vacuna antiaftosa para los productores; Sturzenegger afirmó que el precio “ya cayó significativamente” desde la asunción del presidente (según La Nación) y que aún estaría “casi el doble” respecto a valores de hace unos años y a precios en Uruguay. Esa comparación de precios fue planteada por el ministro como argumento para ampliar la oferta. En ausencia de listados de precios públicos comparables national/regional validados por organismos independientes, la afirmación requiere comprobación documental: precios de referencia por dosis, volúmenes importados y estructura de costos por fabricante. También es relevante el papel de Biogénesis-Bagó: la empresa fue mencionada por su escala internacional (10° productora mundial, según La Nación) y porque, según el ministro, su dominio local habría contribuido a la falta de competencia. Para los productores la variable clave será el precio por dosis y la logística de distribución; sin datos oficiales publicados sobre precios de referencia y volúmenes, la evaluación del impacto económico queda incompleta.

¿Qué voces faltan y qué documentos hacen falta?

En la intervención pública de Sturzenegger aparecen tres líneas: defensa del procedimiento técnico, crítica al supuesto uso del Estado para favorecer rentas y una invitación a considerar la competencia como criterio de justicia económica. Aun así, la oposición y el laboratorio mencionado tienen derecho a expresar su versión; en la nota original Biogénesis-Bagó no respondió con datos públicos que contradigan o confirmen las imputaciones. Para avanzar con rigor, exigimos la publicación y verificación documental de los peritajes técnicos del Senasa, las actas administrativas y las resoluciones que aprobaron la equivalencia, y las comparativas de precios que se usaron para sostener las afirmaciones sobre reducciones o diferencias con mercados vecinales. Sin esos documentos es difícil medir la magnitud del cambio y atribuir responsabilidades administrativas o comerciales.

¿Qué sigue y por qué importa al sector ganadero?

Resta definir si la autorización se traduce en mayor competencia efectiva y reducciones de precio sostenibles en el tiempo. El sector ganadero suele monitorear el costo de insumos por su impacto en la rentabilidad, y la vacuna antiaftosa es un insumo sanitario clave. Desde la redacción pedimos —en línea con nuestra postura previa de cautela frente a procesos administrativos— la publicación de los padrones de importación, contratos de compra, actas de laboratorio y resoluciones regulatorias que sustentan la autorización. Solo con esos documentos se podrá verificar si el cambio responde a criterios técnicos, a una mejora competitiva real o a otros factores. Resta también que Senasa y el Ministerio expliquen cronograma y volumen de ingreso previsto para que los productores puedan planificar. En suma: la autorización es un dato; la documentación será la herramienta para evaluarla.