La fiscalía autorizó hoy el reingreso parcial al Sector 2 del complejo Estación Buenos Aires en Parque Patricios, pero la mayoría de los vecinos se niega a volver a sus casas. En total fueron desalojados 175 departamentos de los cuatro edificios (A, B, C y D) y aproximadamente 300 personas permanecen alojadas en hoteles desde el derrumbe de la cochera subterránea ocurrido hace dos semanas (La Nación, 19/03/2026). La autorización es parcial: solo se habilitan áreas consideradas aptas y la clausura preventiva sigue vigente en las zonas afectadas.

¿Por qué no quieren volver los vecinos?

La decisión oficial no convenció a quienes pasaron por el susto y la evacuación. Los reclamos principales son concretos: falta de luz y gas por ahora, filtraciones en terrazas que replican daños similares a los de la cochera y la perspectiva de «vivir en medio de una obra», con zonas restringidas que no permiten la libre circulación dentro del edificio (La Nación, 19/03/2026). Algunos vecinos recibieron mapas con áreas habilitadas y otras prohibidas, pero la notificación no llegó por igual a todos. Además, la expectativa de que los servicios se restablezcan entre el 21 y el 25 de marzo aumentó la desconfianza porque implica volver antes de una reparación completa. En este contexto, la recomendación que circula en los grupos de WhatsApp es clara: no volver hasta que haya constancias por escrito de seguridad estructural y de servicios por personal matriculado.

¿Qué falló en la asistencia y en la comunicación?

El problema no es solo técnico, es logístico y de comunicación. El operativo incluyó Bomberos, policía y la Guardia de Auxilio del Gobierno porteño, y la Red de Atención montó carpas y puestos que se levantaron a partir de las 18:30, según el relevamiento periodístico (La Nación, 19/03/2026). Pero los vecinos dicen que la asistencia fue irregular: algunos se alojaron en hoteles provistos por la Ciudad —hoteles Regente, República y Esplendor fueron mencionados— y aseguran que la logística para el traslado de pertenencias estuvo demorada. Desde la lente de infraestructura, falta documentación técnica pública sobre peritajes y certificaciones. Desde la lente de usuario, volver sin agua, luz y gas implica riesgos cotidianos. Desde la lente de género, muchas familias con niñas, niños o personas mayores sufren más la incertidumbre y la interrupción de rutinas médicas o escolares. Por todo esto, la comunicación fragmentada profundizó la desconfianza.

Alternativas para hoy y exigencias claras

Si vas a salir a averiguar: no entres al predio sin autorización y conservá toda la documentación y notificaciones que te dieron. Exigimos que el reingreso sea por escrito, departamento por departamento, con constancia de restauración de luz y gas realizada por personal matriculado —tal como informaron desde la Ciudad que corresponde— y con inspección técnica independiente cuando sea posible. La fiscalía que autorizó la medida es la Penal, Contravencional y de Faltas N°31; ante dudas, los vecinos pueden pedir actas y protocolos de habilitación. Además, pedimos transparencia sobre los plazos y sobre quién paga reparaciones y alojamientos temporales: la constructora Cosud, el administrador o la Ciudad deben explicar responsabilidades y montos. No es negociable: la prioridad tiene que ser la protección de los vecinos más vulnerables y la información pública y verificable sobre cada paso.

Cerramos con lo que vimos en la calle: la medida judicial llegó antes que la tranquilidad. Vemos a familias que prefieren quedarse en hoteles y a grupos que se organizan para resistir un retorno que consideran inseguro. Exigimos transparencia en la ejecución de la reapertura y en los plazos, y reclamamos que ninguna persona vuelva a vivir en un departamento sin servicios y sin la firma de un técnico que avale la seguridad. Luciana Bianco